El objetivo principal es visibilizar y exigir justicia real ante la persistencia de múltiples formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, institucional, feminicidios, desapariciones, deudas alimentarias y otras agresiones que afectan a mujeres de todas las edades y condiciones, coincidieron todas las ahí reunidas.

La marcha se realizará de manera pacífica, inclusiva y segura, con contingentes específicos para grupos vulnerables como mujeres con discapacidad (incluyendo usuarias de silla de ruedas), adultas mayores, niñas, adolescentes, madres con sus hijos y mujeres sindicalizadas.

En esta oportunidad se invitó a todas las mujeres a participar sin miedo, llevando agua, sombrilla, sombrero, cubrebocas y celular cargado para su protección personal.

En este contexto se destacó que la mayoría de los contingentes serán separatistas, integrados solo por mujeres, niñas y niños, con la excepción del contingente de víctimas y ofendidos, donde también participarán familiares hombres, como padres buscadores.

El punto de reunión principal será el Asta Bandera de la Virgen de Ocotlán a las tres de la tarde, desde donde el contingente principal bajará hacia el centro de Tlaxcala.

Sin embargo, existen múltiples convocatorias y puntos de salida adicionales, por lo que cada participante podrá elegir el contingente que más se identifique con su causa.

Entre las actividades previstas para ese día se encuentran denuncias públicas, tendederos con nombres de agresores y deudores alimentarios, y la presencia de casos emblemáticos, como familiares de Blanca Estela (caso Bora Bora desde Veracruz), Alejandro (joven desaparecido), Tania Acuña y otras víctimas de desaparición y feminicidio.

Durante el mes de marzo se llevarán a cabo diversas actividades complementarias, entre ellas la instalación de un memorial cuya ubicación se anunciará posteriormente, con un llamado al Estado para que lo respete.

Las activistas denunciaron intentos previos de desestabilización, como rumores de cancelación de la marcha, mensajes intimidatorios y posibles infiltraciones, incluyendo hombres encapuchados o personas vinculadas a autoridades.

Paralelamente se deslindaron completamente de cualquier acto violento y acordaron que, en caso de intento de reventar la protesta, las mujeres encapsularán y entregarán a las responsables a las autoridades correspondientes.

Desde el portal de Tlaxcala se hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al gobierno estatal para que no se infiltren ni criminalicen la marcha, y se cuestionó el posible uso de vallas, criticando que se protejan más los monumentos que a las mujeres.

A los medios de comunicación se les pidió no enfocar rostros de las participantes por seguridad, y por el contrario difundir que la marcha es pacífica y busca respaldar el ejercicio periodístico, sin provocaciones.

Las colectivas rechazaron la politización de la marcha: no se permitirán colores, logos ni presencia partidista organizada, aunque las mujeres afiliadas a partidos podrán participar de manera individual sin utilizar la protesta con fines políticos.

Ahí mismo se reconoció la violencia política que sufren mujeres en cargos públicos, como síndicas, presidentas de comunidad y regidoras.

Finalmente, se reiteró el mensaje de unidad y resiliencia: donde hay fuerza, hay amor, y se continuará luchando hasta que la dignidad y la justicia se conviertan en costumbre. Se espera una amplia participación y se invitó a todas las mujeres a sumarse de forma sorora y segura.

El cargo Confirman marcha del 8M en Tlaxcala; “que no se politice”, exigen apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha servido para denunciar durante los últimos dos años una serie de agresiones, a tal grado que no han bajado el tono de sus críticas.

El tema de los feminicidios y de la trata de personas, son los más relevantes, pero no los únicos.

El nombramiento de Luis Antonio Ramírez Hernández como nuevo secretario de Gobierno, abona a ese peligroso terreno de la percepción, sobre todo porque está señalado como un deudor alimentario. Ya negoció el silencio de su ex pareja, pero sigue siendo el mismo.

El artículo 38 de la Constitución Política federal, fracción VII, establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden “Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.

El segundo y tercer párrafos precisa esa suspensión: “Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

El funcionario público ha sido sujeto de reiterados señalamientos por parte de su ex esposa, en el sentido de ser eso, un deudor alimentario.

Y las acusaciones han traspasado las paredes de lo interno, al llegar a medios nacionales que han expandido la noticia de que evade el pago de obligaciones alimentarias a favor de su hijo de dos años de edad, quien además requiere tratamiento médico.

Ese hecho le ha costado imagen a la titular del Ejecutivo y, todo hace indicar, le seguirá costando.

La designación no favorece su discurso de ser una aliada de las mujeres, precisamente por ese antecedente.

Pero, además, en la designación de Ramírez Hernández existe una clara falta de sensibilidad.

Acaso por eso su llegada a la Secretaría de Gobierno, el cargo político de mayor importancia dentro del gabinete estatal, se dio a través de un comunicado de prensa, lo que ya representa un claro acto de arrogancia en alguien que debería dar la cara en momentos donde el ambiente político está a días, semanas, de crisparse por la definición de candidaturas en todos los partidos políticos y el inicio de las campañas electorales.

No es menor el hecho de que el nombramiento representa un duro golpe a las y a los tlaxcaltecas, comenzando por la clase política.

Se prefiere en esa responsabilidad a alguien de fuera, en lugar de confiar en alguien oriundo, que conozca la idiosincracia de los habitantes de esta entidad, que algunos han tomado como cajero automático, o agencia de colocación de empleos.

¿Pago de facturas? ¿a quién se están pagando y qué clase de facturas son las que se deben pagar?, son preguntas.

Y para terminar: ¿por qué la prisa en los cabildos municipales para validar las reformas constitucionales que abrieron el candado a un no oriundo de Tlaxcala. ¿A un favor político, o simplemente zalamería?.

Eso habrá que preguntárselo a 34 alcaldes, quienes desde sus respectivos ayuntamientos agilizaron como pocas veces, en tan solo cuatro días, la validación de la reforma constitucional. Le dejo los nombres por si quiere saberlos:

Atlangatepec, Altzayanca, Calpulalpan, Cuapiaxtla, Chiautempan, Muñoz de Domingo Arenas, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Tepetitla, Sanctórum, Nanacamilpa, Acuamanala, Natívitas, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tepeyanco, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tocatlán, Totolac, Zitlaltepec, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Papalotla, Ayometla, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Zacualpan, Tecopilco y Nopalucan son los “ágiles” presidentes.

A estos últimos sume usted los 25 inútiles y serviles que cobran en el congreso estatal, ellos fueron, dicho por la propia gobernadora, los que sometieron a Tlaxcala a esta nueva historia en la que lo local no suma, no sirve, no se tolera.

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El cargo Tlaxcala para los NO tlaxcaltecas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.