La defensa de la soberanía se ha convertido en una de las banderas favoritas de los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación. Desde Palacio Nacional hasta Tlaxcala se insiste en que los problemas de México deben resolverse por los mexicanos, sin presiones externas ni intervenciones extranjeras. El mensaje es claro: nadie de fuera debe venir a decirnos cómo gobernarnos.
Sin embargo, cuando se observa la integración y operación del gobierno estatal, surge una pregunta incómoda: ¿por qué quienes pregonan la defensa de la soberanía local parecen desconfiar de los propios tlaxcaltecas para ocupar los principales espacios de decisión?
La contradicción es evidente.
Mientras el discurso oficial habla de identidad, arraigo y defensa de los intereses de la entidad, varias posiciones estratégicas han sido ocupadas por personajes cuya trayectoria política y profesional se desarrolló fuera del estado. El caso más visibles es el del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, identificado públicamente como originario del estado de Morelos y cuyo nombramiento generó críticas de actores políticos locales precisamente por tratarse de un perfil foráneo, su llegada obligó a una reforma constitucional local, para que pudiera asumir el cargo, que por muchos años ha sido para tlaxcaltecas.
El problema no es el lugar de nacimiento. Nadie puede sostener seriamente que la capacidad de una persona dependa de la entidad donde nació. Lo cuestionable es el doble rasero con el que se maneja el tema. Si el gobierno sostiene que la soberanía y la autodeterminación son principios fundamentales, entonces debería empezar por confiar en los profesionistas, académicos, técnicos y servidores públicos que conocen la realidad tlaxcalteca desde dentro.
Porque mientras se condena la injerencia extranjera en los asuntos nacionales, se minimiza la experiencia de quienes han vivido y trabajado durante décadas en los municipios del estado. Se habla de defender lo propio, pero a la hora de repartir el poder parece existir una permanente búsqueda de cuadros externos para ocupar los puestos más relevantes.
Los resultados tampoco ayudan a justificar la estrategia. Tlaxcala sigue enfrentando problemas en materia de seguridad, desarrollo económico, servicios públicos, salud, educación y gobernabilidad. La percepción ciudadana sobre el desempeño gubernamental dista mucho de la narrativa triunfalista que diariamente difunde la administración estatal. Cuando los problemas persisten, resulta inevitable cuestionar si quienes toman las decisiones realmente conocen las necesidades de las comunidades, de los productores, de los empresarios y de las familias tlaxcaltecas.
La incongruencia entre discurso y realidad termina debilitando la credibilidad institucional.
La verdadera soberanía no se ejerce únicamente frente a gobiernos extranjeros. También se demuestra cuando se fortalece el talento local, cuando se generan oportunidades para los ciudadanos de la entidad y cuando las decisiones estratégicas se toman con pleno conocimiento de la realidad que se gobierna.
De lo contrario, la soberanía termina reducida a una consigna útil para los discursos oficiales. Una bandera que se agita cuando conviene políticamente, pero que se guarda cuando llega el momento de confiar en los propios tlaxcaltecas. Y esa contradicción, más temprano que tarde, termina siendo evidente para una sociedad que observa cómo se habla de defender lo local mientras el poder continúa concentrándose en manos ajenas a la realidad cotidiana del estado.
