Hace unos meses, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió en la “mañanera del pueblo” el costo real de los congresos locales y señaló a Tlaxcala entre los más onerosos —con un gasto cercano a los 16.3 millones de pesos por diputado—, la reacción en el Palacio Legislativo no se hizo esperar.
Varios de ellos se apresuraron a desmentir o al menos intentar matizar los datos. Se habló de “equivocaciones”, de cifras que no reflejaban la realidad o de una lectura incompleta. Otros legisladores locales se sumaron al coro de la indignación: “No somos los más caros”, “la presidenta se equivoca”, “aquí hay austeridad”.
Hoy, julio de 2026, la misma LXV Legislatura acaba de aprobar la reforma constitucional que fija el techo del presupuesto del Poder Legislativo en 0.70 por ciento de los ingresos estatales. El actual 1.6 por ciento se reduce a menos de la mitad.
Con el Presupuesto de Egresos 2026, el Congreso dispone de 503 millones 506 mil 250 pesos. Si el nuevo límite se aplicara de inmediato, operaría con alrededor de 210.6 millones: una contracción cercana al 58 por ciento.
Los recursos “ahorrados” deberían ir a infraestructura. Suena bien. Suena a coherencia con el discurso federal de austeridad republicana, pero hay un detalle que lo echa todo por tierra: el recorte no entra en vigor ahora. Los diputados, con el respaldo del transitorio quinto de la reforma federal, decidieron que el ajuste se aplique hasta el 29 de agosto de 2027, cuando arranque la LXVI Legislatura.
Es decir, ellos no lo padecerán. Conservan la posibilidad de mantener e incluso incrementar su presupuesto durante los primeros ocho meses de 2027. El hachazo se lo dejan a quienes lleguen después.
No es un tecnicismo inocente. Es una confesión. Si el 0.70 por ciento es el límite razonable y constitucionalmente correcto, ¿por qué no aplicarlo de inmediato? Si realmente no eran “de los más caros”, ¿por qué el ajuste implica casi un 60 por ciento de reducción? La respuesta es simple: porque sí lo eran.
Homologaron la Constitución local en paridad de género, tope de 15 regidurías y límites salariales a consejeros y magistrados electorales —medidas que, por cierto, no les duelen, pero cuando llegó el momento de tocar el presupuesto del Congreso, activaron el freno de mano.
Claudia Sheinbaum no se equivocó. Los datos que presentó en su momento sobre el costo de los legisladores locales en Tlaxcala y otros estados eran correctos. La reacción de rechazo de hace meses no era una defensa de la verdad, sino una defensa del status quo.
Ahora, al aceptar el recorte pero posponerlo, los diputados de la LXV Legislatura le dan la razón a la presidenta con hechos, no con discursos. Y de paso demuestran que la austeridad, cuando se trata de uno mismo, siempre es un valor de aplicación diferida y si no se aplica, pues mejor.
La historia juzgará a los que se aprovecharon de las acciones afirmativas, a los que no defendieron o que simplemente ignoraron a los grupos minoritarios que los llevaron a la curul. El basurero de la historia no siempre juzga a los políticos por lo que dicen, a veces los juzga por lo que posponen.
David Morales del Razo explicó en tribuna que el régimen transitorio federal lo permite, técnicamente tiene razón, políticamente es un acto de cinismo. Nadie cree, ni espera que se disculpen con el vocero estatal Antonio Martínez Velázquez, por haberle exigido casi su renuncia y una disculpa después de que él aceptara las declaraciones de Sheinbaum, pero la disculpa si tendría que ser para los tlaxcaltecas, a los que les mintieron y ocultaron esto.
