- Antonio Martínez defiende a Homero Meneses y afirmó que redujo la cifra de “aviadores” en la SEPE y atribuye prácticas heredadas al ámbito sindical
La corrupción al interior del gobierno del Estado continuará, no en mayor medida, pero persistirá en un bajo porcentaje y se seguirá viendo, así lo admitió el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez que defendió la gestión de Homero Meneses Hernández al frente de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) pues a su parecer redujo significativamente el número de trabajadores conocidos como “aviadores”, al señalar que cuando el exfuncionario asumió el cargo existían más de 300 casos y “hoy hay 161”.
En los diálogos circulares, el vocero estatal respondió a los cuestionamientos sobre la existencia de 161 presuntos “aviadores” y sostuvo que esa cifra no representa una situación nueva, pues, aseguró, el propio Homero Meneses ya había informado previamente sobre el tema.
“Lo preguntas como si fuera una novedad, pero lo dijo aquí. De hecho, dice 161 aviadores. Él, cuando llegó a la Secretaría de Educación, había más de 300”, declaró.
Martínez Velázquez explicó que varios de esos casos correspondían a personal asignado a áreas administrativas o de apoyo vinculadas a la estructura sindical y que, durante la administración de Meneses Hernández, fueron reubicados para desempeñar funciones específicas dentro de la dependencia.
Indicó que el objetivo de esa administración fue erradicar una práctica que, aseguró, ya existía antes de la llegada del entonces secretario de Educación.
“Homero lo que hizo fue tratar de acabar con esa práctica que él encontró cuando llegó”, afirmó.
Respecto a los señalamientos sobre la asignación de plazas administrativas y no docentes, el coordinador de Comunicación Social señaló que esos procesos siguen mecanismos distintos a los de las plazas docentes y, en muchos casos, responden a acuerdos y dinámicas heredadas de la vida sindical.
Añadió que, mientras esos procedimientos se encuentren dentro del marco legal y de las disposiciones aplicables al sindicato, no existirían elementos para iniciar una investigación.
“Cuando se hace una investigación, si ese tipo de procesos son legales o legítimos dentro del sindicato, no tendría por qué haber una investigación”, concluyó.
