El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, informó que actualmente existen 45 investigaciones abiertas relacionadas con denuncias de servidores públicos que aseguran haber sido presionados o haber visto vulnerados sus derechos por presuntos intentos de obligarlos a respaldar proyectos políticos.
El funcionario señaló que, debido a que las investigaciones continúan en curso, se analiza la posibilidad de que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Isabel Maldonado, ofrezca información detallada sobre el avance de los expedientes.
En diálogos circulares, Martínez Velázquez también se refirió a las declaraciones realizadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros respecto a presuntas denuncias de trabajadores del sector salud, quienes habrían manifestado sentirse presionados por la dirigente sindical y diputada local Blanca Águila Lima para respaldar políticamente a una senadora.
El vocero del gobierno aclaró que desconoce si esos señalamientos son ciertos y subrayó que corresponderá a las autoridades competentes determinarlo.
“Yo no sé si eso sea cierto. Puede ser que no sea cierto. Lo que es verdad y lo que dijo la gobernadora es que los trabajadores se sientan seguros de su derecho laboral. Nadie puede amenazarlos con despidos o generar represalias o acoso laboral a cambio de este tipo de cuestiones electorales”, expresó.
Martínez Velázquez enfatizó que el mensaje central del Gobierno del Estado no consiste en prejuzgar a ninguna persona, sino en garantizar que los trabajadores ejerzan libremente sus derechos sin temor a represalias.
Añadió que, independientemente de que las acusaciones sean confirmadas o desmentidas, ningún servidor público debe ser presionado para apoyar o dejar de apoyar a una opción política.
El funcionario recordó que actualmente no existe un proceso electoral en curso, por lo que insistió en que la prioridad es proteger los derechos laborales de las y los trabajadores por encima de cualquier interés político.
“Lo importante es que las trabajadoras y los trabajadores del Gobierno del Estado sepan que en ningún caso está permitido que se les presione o se les amenace con vulnerar sus derechos laborales por apoyar o no apoyar a una opción política”, concluyó.
