La decisión de las autoridades estatales de reubicar la Escuela Primaria Emiliano Zapata de su ubicación actual junto al mercado Emilio Sánchez Piedras ha generado un profundo conflicto con la comunidad educativa y organizaciones de defensa de derechos humanos.
La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), dirigida por Homero Meneses Hernández, anunció el cierre definitivo de la escuela y su traslado a las instalaciones de la colonia La Loma Xicohténcatl a partir de marzo o abril de 2026.
El argumento oficial se basa en dictámenes de Protección Civil que señalan riesgos estructurales en el inmueble y problemas sanitarios por la cercanía al mercado, priorizando la seguridad de los más de quinientos alumnos que atiende en sus turnos matutino y vespertino.
Frente a esta postura, la defensora de derechos humanos Ivonne Reyes Martínez ha alzado la voz para denunciar lo que califica como un proceso viciado y una violación grave al interés superior de la niñez.
Reyes Martínez aclara que la comunidad no se opone a que se realicen las obras de remediación necesarias, como refuerzos estructurales, pero rechaza de manera categórica la desaparición de la escuela pública en ese sector de la ciudad.
La defensora señala una serie de irregularidades en el procedimiento: la decisión fue tomada de manera unilateral y autoritaria por las autoridades antes de cualquier diálogo genuino con los padres de familia
Ademas agregó: existe una opacidad total, ya que no se han compartido los estudios técnicos, dictámenes de suelo o evaluaciones de impacto que sustenten el cierre permanente; se ignoró por completo el derecho de los niños y niñas a ser informados y a opinar sobre una medida que afecta directamente sus vidas, un derecho garantizado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Por si fuera poco sostiene que se omitió la participación de órganos autónomos de mediación y garantía como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Además, Reyes Martínez advierte sobre las graves consecuencias sociales de la reubicación: la medida rompería las dinámicas familiares y comunitarias, aumentaría la vulnerabilidad de los niños al obligarlos a realizar trayectos más largos, generaría un gasto extra en transporte para las familias y afectaría el arraigo y la identidad de los alumnos con su escuela y su barrio.
Ante esta situación, la defensora y la comunidad organizada plantean una hoja de ruta de acción que incluye exigir la entrega inmediata de toda la documentación técnica, agotar las vías administrativas ante instancias como la CEDH y la SEP federal, realizar consultas infantiles obligatorias, evaluar denuncias por posibles faltas administrativas y preparar un recurso de amparo. No descartan escalar el caso a nivel federal, incluso llevarlo a las conferencias matutinas de la Presidencia de la República.
Reyes Martínez hizo un llamado durante el programa EN LÍNEA que se transmite de 6:00 a 7:00 de la tarde en este portal, ahí convocó a la sociedad civil, al sector privado y a expertos independientes para que apoyen con una segunda opinión técnica y una mediación imparcial.
Subrayó que aún hay tiempo, hasta la fecha anunciada para el traslado, para revertir la decisión mediante la presión organizada y el uso de las herramientas legales, defendiendo el principio de que las escuelas públicas no deben cerrarse de manera arbitraria y que siempre debe prevalecer el derecho a la educación de calidad en la propia comunidad.
