Salvo que usted viva en una cueva seguramente ha sido testigo de burda manera en la que magistrados y trabajadores del poder judicial de Tlaxcala han iniciado una abierta campaña de cara a elección de junio próximo, que tiene como finalidad renovar al poder al que pertenecen.
Y es que justamente la reforma al Poder Judicial en el país, impulsada como una de las transformaciones más profundas en la estructura del Estado, se encuentra en un momento crucial.
Por esa razón la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, en una reciente entrevista con su servidor puso el dedo en la llaga sobre los retos que enfrenta esta iniciativa, particularmente en el ámbito local, donde las resistencias de grupos de poder y las prácticas corruptas amenazan con desvirtuar un proceso que busca devolverle al pueblo la soberanía sobre la justicia.
Sus palabras no solo reflejan la complejidad de esta transición, sino también la urgencia de una ciudadanía informada y vigilante para garantizar que el cambio sea real y no solo una promesa en el papel.
El planteamiento de Rivera es claro: la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular es un paso inédito en la historia de México, pero también un terreno fértil para la confusión y la manipulación.
La ciudadanía, acostumbrada a elegir representantes legislativos o ejecutivos, ahora enfrentará un proceso electoral con múltiples boletas y una responsabilidad que exige un nivel de discernimiento mayor. En este contexto, la desinformación se convierte en el peor enemigo de la democracia.
La senadora advierte que, sin una orientación adecuada, los gobiernos locales podrían aprovecharse de esta vulnerabilidad para replicar viejas prácticas como el acarreo, el control de votantes y el voto marcado. Este riesgo no es menor, pues transforma una reforma liberadora en un campo de batalla donde los intereses de unos pocos podrían prevalecer sobre la voluntad colectiva.
La frase “Yo te pongo y tú no me tocas”, utilizada por Rivera, encapsula de manera contundente la complicidad que ha caracterizado al sistema judicial mexicano durante décadas. Es una descripción cruda pero precisa de un arreglo donde los favores mutuos entre quienes nombran y quienes juzgan han perpetuado la impunidad, el nepotismo y la corrupción.
La reforma, en palabras de la senadora, no solo busca romper este pacto tácito, sino desmantelar las redes de lealtad que han convertido a las instituciones judiciales en feudos de poder. Sin embargo, este objetivo enfrenta una resistencia feroz por parte de quienes han prosperado bajo el statu quo.
En los niveles locales, donde la justicia suele ser más opaca y cercana a los intereses políticos, estos grupos están dispuestos a todo para mantener su influencia. Un elemento clave de esta reforma es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, una figura que Rivera destacó como revolucionaria.
Por primera vez, los juzgadores estarán sujetos a un escrutinio directo, no por sus pares o superiores dentro del sistema, sino por un órgano elegido por el pueblo. Este tribunal tendrá la tarea de sancionar actos de corrupción, abuso de poder y nepotismo, cerrando así una brecha histórica: la falta de sanciones entre quienes imparten justicia. Es un cambio que, de concretarse, podría sentar un precedente no solo en México, sino en la región, al poner en manos de la ciudadanía una herramienta concreta para vigilar a quienes han operado, en muchos casos, como intocables.
Sin embargo, la senadora no oculta su preocupación por la falta de difusión y compromiso político en estados como Tlaxcala, su tierra natal. La ausencia de campañas informativas y la pasividad de funcionarios y líderes políticos ante un proceso tan trascendental como la elección del 1 de junio son, en sí mismas, una forma de sabotaje silencioso. Rivera hace un llamado urgente a los diputados y actores políticos para que salgan a las calles, expliquen el proceso y empoderen a la ciudadanía.
Sin este esfuerzo, la reforma corre el riesgo de “pudrirse antes de nacer”, como ella misma lo expresó, víctima de la indiferencia o de maniobras deliberadas para mantener a la población en la ignorancia.
El mensaje de Ana Lilia Rivera trasciende Tlaxcala y resuena como un desafío nacional. La reforma al Poder Judicial no es solo una reestructuración institucional; es una apuesta por la democratización de la justicia y un golpe directo a las estructuras de poder que han alimentado la corrupción.
Pero su éxito no está garantizado. Depende, en gran medida, de la capacidad del pueblo para apropiarse de este proceso y sancionar, con su voto y su voz, a quienes intenten pervertirlo.
Como bien señaló la senadora, las acciones de manipulación no quedarán ocultas: “eso se va a saber, eso va a ser público, eso todos lo vamos a conocer”.
En un país donde la memoria colectiva ha sido testigo de innumerables traiciones, esta reforma ofrece una oportunidad histórica para que la justicia deje de ser un privilegio de unos pocos y se convierta en un derecho de todos.
En conclusión, la elección judicial que se avecina es mucho más que un ejercicio electoral; es un termómetro de la madurez democrática de México.
La advertencia de Rivera sobre las resistencias locales y la necesidad de una ciudadanía informada debe ser tomada en serio por quienes creen en la transformación del país.
Si el pueblo de Tlaxcala, y de México en general, aplica esa “sanción moral” a la que la senadora apela, el camino hacia una justicia más transparente y equitativa estará más cerca.
Pero si la desinformación y la apatía ganan la partida, esta reforma podría convertirse en otra promesa incumplida, sepultada por las mismas prácticas que pretende erradicar. El desafío está sobre la mesa; la respuesta, en manos de todos.
