* Toros Tlaxco desmiente que exista un contrato para instalar un relleno sanitario en el predio y advierte que el único acuerdo fue para un estudio privado de economía circular. Habitantes de Zotoluca, Rancho Seco y Plan de Ayala rechazan convertirse en el destino de los residuos de Tlaxcala.
El proyecto del basurero denominado Xotla, enfrenta un nuevo revés, la empresa de Toros Tlaxco, S.P.R. de R.L., propietaria del terreno señalado para recibir los residuos, aseguró que el gobierno estatal nunca adquirió el predio ni cuenta con autorización para utilizarlo como sitio de disposición final de basura.
Mediante un pronunciamiento firmado por su apoderado legal, Marco Antonio Rivas Mendoza, la empresa desmintió que existiera un acuerdo para instalar un relleno sanitario y aclaró que el único contrato celebrado con el gobierno estatal correspondió a un estudio privado relacionado con un proyecto de economía circular, no a la construcción u operación de un basurero.
La revelación coloca bajo cuestionamiento la actuación de la administración estatal, pues, de acuerdo con la empresa, el contrato incluso prohibía expresamente realizar obras o movimientos de tierra en el terreno. Pese a ello, denunció que se abrió un camino y se proyectó utilizar el inmueble para el tránsito de camiones recolectores, sin contar con su autorización.
Pero el problema no se limita a un conflicto contractual. Toros Tlaxco sostuvo que el terreno carece de autorización de impacto ambiental, permiso estatal para la disposición final de residuos y cumplimiento de las disposiciones oficiales que regulan los rellenos sanitarios.
En otras palabras, el basurero Xotla estaría sustentado en un proyecto que, según la propietaria, no cuenta con la disponibilidad legal del terreno ni con las autorizaciones necesarias para recibir residuos.
La empresa informó que rescindió el contrato por incumplimiento, prohibió el ingreso de basura y advirtió que cualquier persona o autoridad que deposite residuos en el lugar tendrá que asumir las consecuencias legales correspondientes, incluidas posibles acciones por daño ambiental.
A este escenario se suma el rechazo de habitantes de Zotoluca, Rancho Seco y Plan de Ayala, comunidades que se oponen a que sus localidades sean utilizadas como destino de los residuos generados en Tlaxcala. Su inconformidad evidencia que el proyecto Xotla tampoco cuenta con el respaldo social necesario.
La oposición ciudadana cuestiona que, en lugar de construir una solución integral, el Gobierno estatal pretenda trasladar las consecuencias de la crisis de basura a comunidades que no quieren convertirse en el basurero de Tlaxcala.
En medio de la crisis de manejo de desechos que enfrenta la entidad, el Gobierno estatal está obligado a transparentar quién autorizó el proyecto Xotla, con qué sustento jurídico y bajo qué criterios ambientales pretendía operar.
Zotoluca ya expresó su rechazo. La empresa también cerró la puerta. Xotla enfrenta cuestionamientos legales, ambientales y sociales que el Gobierno de Lorena Cuéllar no puede ignorar.
La solución a la crisis de residuos no puede construirse imponiendo basureros a las comunidades, pasando por encima de la propiedad privada ni poniendo en riesgo el entorno de quienes habitan esas regiones.
