- Presentan iniciativa en la Cámara de Diputados, la cual fue acogida por la mayoría de legisladores; la medida no aplicaría únicamente para las personas que cometieron faltas en territorio estatal, sino también para aquellas que tienen antecedentes en cualquier parte del país
Diputadas y diputados integrantes de la actual Legislatura local presentaron este martes una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y a diversas leyes locales, con la cual se pretende que personas con antecedentes de agresión en contra de las mujeres, por violencia familiar y sexual en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no formen parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos.
En la iniciativa presentada, avalada en su contenido por la mayoría de integrantes de la Legislatura, se establece como uno de los requisitos para ocupar el cargo de gobernador, procurador, magistrado y diputado, no tener antecedentes como persona agresora por el delito de violencia familiar en cualquiera de sus tipos y manifestaciones, no tener antecedentes como persona agresora por delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
También se plantea en la propuesta que para ocupar esos cargos, las personas aspirantes a ocuparlos no deben tener antecedentes como deudor alimentario moroso y/o como persona agresora por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda y no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios en las distintas entidades federativas del país.
Concluida la lectura de la iniciativa, el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria reconoció el respaldo por parte de la mayoría de diputadas y diputados locales, pero también pidió que el Congreso local no fuera “candiles de la calle y obscuridad de la casa, pues de igual forma debían ser consideradas aquellas funcionarias mujeres que agreden a mismas mujeres.
En lo que se refiere a la iniciativa de reforma constitucional, en esta se esgrime que las y los tlaxcaltecas tienen el derecho a ser gobernados y gobernadas por personas que busquen en el ejercicio de sus funciones y desde su responsabilidad, la erradicación de la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial la que se realiza contra las mujeres por razones de género, derivada de las causas estructurales y culturales que perpetúan la desigualdad y la discriminación.
Y es que, establece la iniciativa, en Tlaxcala la violencia en contra de las mujeres es alarmante porque 68.6 por ciento de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia, como psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida, y 42.7 por ciento lo han registrado en los últimos 12 meses, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021.
No sólo eso, sino que del año 2015 a mayo de 2022 se han registrado 21 mil 256 agresiones en contra de la población femenina en Tlaxcala y las estadísticas de homicidios dolosos en contra de mujeres tuvieron un incremento de más de 100 por ciento, según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
En ese sentido, la iniciativa leída señala la necesidad de fortalecer la legislación vigente para proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, adoptando en Tlaxcala “medidas de prevención para que quienes ocupen o pretendan ocupar cargos públicos en los órganos del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en los organismos públicos autónomos, no cuenten con antecedentes legales y sociales de violencia familiar; de incumplimiento de obligaciones alimentarias y de violencia sexual y violencia de género en cualquiera de sus modalidades”.
Cabe destacar que la iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso local señala que la prohibición de asumir cargos públicos, no aplicarían únicamente para las personas que hayan incurrido en violencia o deudas alimentarias cometidas en territorio estatal, sino también para aquellas que tengan antecedentes de agresión en cualquier parte del país y estén interesada en ocupar un cargo de elección popular local, por nombramiento o, simplemente, ingresar o permanecer en el servicio público del Estado”.
De acuerdo con la propuesta, las leyes que sufrirían reformas son las de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Tlaxcala; la Orgánica de la Administración Pública; y la Ley Laboral de los Servidores Públicos y sus municipios.
