La fiscal general de justicia del estado, Ernestina Carro Roldán, defendió el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y aseguró que los casos que lleva la institución “no se caen” en los tribunales, destacando un 99% de efectividad en sentencias condenatorias y órdenes de aprehensión en delitos de alto impacto como homicidios, desapariciones y trata de personas.
Sin embargo, su declaración contrasta con episodios polémicos que han puesto bajo la lupa el desempeño de la dependencia. Un ejemplo es el caso del expresidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Saúl Rosales, quien, pese a obtener vinculaciones a proceso y sentencias iniciales, fue finalmente absuelto por un tribunal federal.
Las declaraciones de Carro Roldán se dieron tras el macabro hallazgo de seis cabezas humanas junto a una narcomanta en la carretera Ixtacuixtla-Atotonilco, un hecho que evidencia la creciente violencia en el estado y cuestiona la narrativa de eficacia institucional. Aunque la fiscal aseguró que los restos no corresponden a personas reportadas como desaparecidas, reconoció la gravedad del crimen.
Carro subrayó que cada acusación se sustenta con pruebas científicas y bajo los lineamientos del sistema acusatorio oral, y presumió que actualmente la Fiscalía cuenta con instalaciones propias y atención a víctimas las 24 horas del día, con unidades especializadas para distintos delitos.
No obstante, reconoció que no todos los procesos concluyen favorablemente para la institución y que aún existen fiscalías que operan con horarios limitados, dejando a sectores vulnerables sin cobertura inmediata.
La titular de la FGJE también defendió a su personal ante los señalamientos de fabricación de delitos y pruebas, asegurando que la Fiscalía no inventa casos contra personas inocentes y que la validez de su trabajo se respalda en los avalos jurídicos que tribunales y jueces emiten.
Esto, dijo, ocurre a pesar de que organismos de defensa de los derechos humanos han documentado supuestos casos de fabricación de pruebas e incluso tortura, sobre los cuales no se conoce si hubo sanciones contra los responsables. La fiscal aclaró, además, que algunas resoluciones obtenidas a nivel estatal son modificadas posteriormente por tribunales federales, lo que limita la percepción de éxito pleno en ciertos casos.
Mientras Carro Roldán presume cifras récord de efectividad y atención permanente, la realidad del estado, marcada por crímenes de alto impacto y resoluciones judiciales que contradicen el trabajo ministerial, plantea dudas sobre la verdadera fortaleza y eficacia de la Fiscalía.
