Pide Senado al Congreso de Tlaxcala realizar reformas para pérdida de patria potestad en caso de feminicidio

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* El exhorto fue realizado a los Congresos locales de 22 entidades federativas

El Senado de la República hizo un exhorto al Congreso del Estado de Tlaxcala para llevar a cabo una serie de adecuaciones en la legislación local, de manera particular en el Código Penal, con el objetivo de armonizarla en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, desde el momento de la vinculación a proceso.

El exhorto está dirigido a los Congresos locales de 22 entidades federativas, entre ellos el de Tlaxcala, recordando que el pasado 2 de marzo fue avalada una reforma al Código Penal y Civil del estado de Puebla, la cual fue bautizada como “Ley Monzón” que consiste en suspender la patria potestad a posibles feminicidas y retirarla si se confirman las sentencias.

Con ello, el estado de Puebla se convirtió en el primero del país en promulgar una ley de este tipo, además de que sentó un precedente que activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas esperan que se convierta en ley nacional.

El Pleno de la Cámara de Senadores coincidió en la necesidad de que se discuta y analice este tipo de modificaciones en los Códigos Penales de todas las entidades federativas del país.

Cabe destacar que el exhorto de referencia está dirigido, además de Tlaxcala, a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Lo que el Senado de la República busca es impulsar la modificación del marco legal del sistema jurídico mexicano, con el propósito de legislar en favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la violencia feminicida.

Lo anterior, además de proteger no sólo a las mujeres ante la violencia extrema que se ejerce contra ellas por razón de género, sino también garantizar la seguridad e interés superior de la niñez, de sus hijas e hijos que quedan en la orfandad por el delito de feminicidio.