Este lunes, en la sede del Poder Judicial de Tlaxcala, Carlos Jonathan Pérez Ramírez asumió la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado.
El acto se vistió de solemnidad: representantes de los poderes, discursos de rigor y la fotografía institucional de costumbre. Todo muy correcto. Todo muy previsible.
Pérez Ramírez no es un improvisado, es un bogado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), con un paso por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), el Ayuntamiento de Huamantla, la Contraloría del Ejecutivo y el Registro Civil.
Desde 2022 integra el Comité, tiene trayectoria limpia, local y presentable. Justo el perfil que se busca cuando se necesita proyectar renovación sin alterar demasiado el equilibrio de poder.
Pero conviene poner las cosas en su lugar, aquí hay dos piezas distintas que suelen confundirse. La verdadera institución técnica del Sistema es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
Esa es la que elabora los programas de implementación, los planes de evaluación, genera los insumos técnicos y sostiene el trabajo operativo, la misma que J asta ahora ha tenido tres titulares; es el engranaje que realmente hace el trabajo de fondo.
Por otro lado está el Comité de Participación Ciudadana: un órgano de cinco ciudadanos designados por el Congreso cuya presidencia, por ley, es rotativa.
En teoría deberían ser la voz de la sociedad dentro del Sistema, pero en la práctica, suelen operar más como un turno controlado de perfiles técnicos o políticamente convenientes que como un auténtico contrapeso ciudadano.
Emiten informes, organizan capacitaciones, firman convenios y rotan la presidencia, pero rara vez generan presión pública real o incomodan de manera sostenida: esa distinción importa.
Porque cuando se celebra la llegada de un nuevo “presidente del Sistema Anticorrupción”, lo que en realidad se está rotando es la representación ciudadana simbólica, no necesariamente el músculo técnico de la Secretaría Ejecutiva.
Y en un contexto de alto desgaste, renuncias anticipadas y vacantes, el cargo del Comité termina funcionando más como plataforma de currículum que como espacio de transformación.
Estamos en agosto de 2026, falta un año para que termine la administración estatal y en los cierres de ciclo, los perfiles con verdadero peso político suelen mirar hacia otro lado.
Una mayoría prefiere no cargar con el desgaste final ni quedar atrapados en el balance de una gestión que ya no controlan.
En cambio, quienes todavía están construyendo capital aceptan; el título suena bien, la foto queda, la experiencia suma. No es un fenómeno exclusivo de Tlaxcala.
Ocurre en muchos órganos de control y “participación ciudadana” cuando el diseño institucional es frágil y la voluntad política es intermitente se nombra a alguien joven, con buena trayectoria y sin grandes enemigos, se celebra el compromiso con la integridad y se sigue adelante.
La Secretaría Ejecutiva sigue cargando con el trabajo técnico; el Comité rota su presidencia; y la sensación de seriedad institucional se diluye un poco más.
La pregunta incómoda no es si Pérez Ramírez tiene méritos, la pregunta es si un Comité que debería representar a la ciudadanía, pero opera como un turno rotativo de perfiles controlados, puede realmente incomodar al poder
Mientras la verdadera institución técnica del Sistema sigue dependiendo de la voluntad política de siempre, de poco sirve cambiar la cara de la representación ciudadana cuando el edificio completo se ha acostumbrado a que las puertas giren demasiado rápido y la reacción sea tan lenta que cualquier movimiento es imperceptible. Nada pasa y nada pasará, para eso llegó el joven huamanteco.
