- El organismo autónomo advierte sobre “cobros excesivos, desproporcionados e injustificados” para este año 2024
De nueva cuenta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), una acción de inconstitucionalidad en la que exige la invalidación de diversos preceptos de las Leyes de Ingresos de 18 de los 60 municipios del estado de Tlaxcala, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, debido a cobros excesivos, desproporcionados e injustificados que atentan contra la ley.
Lo anterior se observa en la acción de inconstitucionalidad 233/2023, interpuesta por la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, quien solicitó a la SCJN anular varios criterios que fueron aprobados por el Congreso del Estado en 18 Leyes de Ingresos de igual número de municipios, a fin de que fueran aplicados durante el presente año.
Las Leyes de Ingreso que fueron impugnadas corresponden a los municipios de Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Chiautempan, Apetatitlán, Quilehtla, Terrenate, Tanancingo, Acuamanala, Mazatecochco, Benito Juárez, Tequexquitla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, San José Teacalco, Zacualpan, Muñoz de Domingo Arenas y Totolac.
En el oficio de turno firmado por la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, en varios artículos existen “cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información pública”.
Cabe recordar que el año pasado la Corte invalidó diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos 2023 de 26 municipios de Tlaxcala, debido a violaciones a la proporcionalidad tributaria, al derecho a la seguridad jurídica y al principio de gratuidad en el acceso a la información pública y protección de datos personales.
En esos casos se encontraron los municipios de Ixtacuixtla, Nopalucan, Ayometla, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, San Pablo del Monte, Tequexquitla, Papalotla, Tepeyanco, Terrenate, Xaloztoc, Xaltocan, Yauhquemehcan, Nanacamilpa, Calpulalpan, Huamantla, Contla de Juan Cuamatzi, Lázaro Cárdenas, Santa Apolonia Teacalco, Tlaxco y Zitlaltepec.
Esos 26 municipios establecieron cobros desproporcionados por expedición de documentos en copias simples y certificadas, así como por su digitalización no relacionados con el acceso a la información pública, así como por la búsqueda de documentos que debe ser gratuita.
