Con pie izquierdo inició el Congreso del Estado el proceso para definir a la persona que a partir del 2 de enero ocupará un asiento en el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIPTlax).
El órgano constitucional encargado de vigilar la transparencia de los entes públicos, da pasos peligrosos originados desde el Poder Legislativo.
Acaso la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Reyna Flor Báez Lozano, ya definió con sus acciones opacas el destino del próximo nombramiento.
Representa los intereses de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, por lo cual, sería oportuno que desde ahí se le hiciera un llamado a la cordura para transparentar, lo más posible, la designación. Ese es un primer punto en contra.
Un segundo punto es el jurado: estará integrado por los especialistas Lilia Cárdenas Morales, Kira Ciofalo Lagos y Francisco Mixcoatl Antonio.
Tal vez los nombres no digan mucho, pero ¿por qué elegir a Francisco Mixcoatl Antonio, sabiendo que fue presidente del organismo, es originario de Tlaxcala y su presencia representa un potencial conflicto de interés?
Es posible que por eso la diputada Báez Lozano no haya querido la presencia de los medios de comunicación en la sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Acceso a la Información y de Puntos Constitucionales. Y que por eso haya ordenado, prácticamente el desalojo de éstos al inicio de los trabajos. Mal por ella, porque las labores ya quedaron marcadas.
Hizo bien la diputada Blanca Águila Lima en precisar su voto en contra de la determinación de su homóloga para impedir la presencia de los medios, y también no pronunciarse en favor de Mixcoatl Antonio para ser parte del jurado calificador. Aunque ella hizo algo similar en la designación de Ángel Espinoza.
Había por lo menos un mejor perfil académico por elegir, pero un voto mayoritario lo impidió. Qué viene ahora.
En el proceso de designación del nuevo auditor superior de fiscalización, los trabajos se hicieron en la sombra y fue hasta en una sesión del Pleno del Congreso local que supo de la convocatoria respectiva y, posteriormente, de los integrantes del jurado.
Seguramente se planeaba un mismo procedimiento terso, pero ahora la diputada Reyna Flor Báez se equivocó.
¿Cuál es la diferencia entre una sesión de trabajo en las Comisiones Unidas del Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, con respecto al Congreso del Estado? ¿Por qué allá sí y por qué aquí no? ¿Por qué no conocer desde el principio las posiciones de los grupos parlamentarios y de las representaciones partidistas?
Desde ahí se crean las suspicacias, como sucedió este miércoles con la orden de no permitir la presencia de medios, proveniente de la legisladora morenista.
Por lo demás, todo indica que este jueves el Pleno del Congreso del Estado aprobará la convocatoria para iniciar el proceso de selección de la próxima comisionada o comisionado del IAIP.
Empieza a sonar el reloj de despedida para el comisionado Didier López Sánchez, quien llegó al cargo como suplente y gracias a una diferencia interna de los comisionados propietarios, asumió la responsabilidad de la que pronto se despedirá. Su trabajo no fue malo.
Por eso mismo Francisco Mixcoatl Antonio no debía ser elegido como uno de los integrantes del sínodo. Fue él, el principal asesor de Marlene Alonso Meneses, entonces presidenta del organismo de transparencia, quien prefirió la confrontación a la conciliación con sus homólogos.
Una y otra parte fueron responsables de la crisis a la que llegó.
Ahora asesor de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Mixcoatl Antonio podría hacer más ruido que beneficio al proceso.
Pero que quede en la conciencia de las y los legisladores que hicieron mayoría en las Comisiones Unidas. Si acaso la tienen.
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