* La opacidad sigue siendo una constante en el estado
En Tlaxcala, la transparencia parece existir más en el discurso que en los hechos. Aunque los 60 ayuntamientos están obligados por la legislación estatal y nacional a contar con una Unidad de Transparencia integrada por personal con conocimientos en la materia, no existe un registro público que permita conocer cuántos municipios cumplen realmente con este requisito ni quiénes son los funcionarios capacitados para garantizar el acceso a la información pública.
La ausencia de esta información evidencia una preocupante falta de rendición de cuentas. Mientras la ley exige que cada municipio designe un responsable de transparencia, integre un Comité de Transparencia y capacite de manera permanente a los servidores públicos encargados de esta función, los resultados de las verificaciones oficiales demuestran que los ayuntamientos siguen incumpliendo con sus obligaciones.
Las evaluaciones realizadas por el extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP) revelaron que municipios como Atltzayanca, Muñoz de Domingo Arenas, Tepetitla de Lardizábal, Atlangatepec, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, Totolac, Tzompantepec e Ixtacuixtla, entre otros, han registrado niveles mínimos o incluso nulos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
Estos resultados no significan necesariamente que carezcan de una Unidad de Transparencia, pero sí reflejan que la información pública que por ley deben difundir permanece incompleta, desactualizada o simplemente no existe, lo que deja a los ciudadanos sin herramientas para vigilar el uso de los recursos públicos y las decisiones de sus gobiernos municipales.
Especialistas en la materia advierten que uno de los principales problemas radica en que muchos ayuntamientos designan a funcionarios sin el perfil técnico requerido, asignan la responsabilidad como una función adicional o cambian constantemente al personal, impidiendo la profesionalización del área.
A ello se suma que el IAIP no tuvo un padrón público que identifique qué municipios tienen servidores públicos certificados o capacitados, lo que dificulta evaluar si las administraciones municipales cumplen realmente con el espíritu de la ley o únicamente con el trámite administrativo de nombrar a un responsable.
La transparencia es uno de los principales mecanismos para combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana, un pendiente que los alcaldes deben cumplir por ley.
