La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos apareció en comerciales en televisión abierta en México ofendiendo a los nacionales, advirtiendo que no somos bienvenidos en ese territorio. Una agresión en cadena nacional que a pocos agravió por años, hasta hoy.
En uno de los clips de 30 segundos, Kristi Noem, lanza una advertencia a los migrantes: “Permítanme darle un mensaje al mundo de parte del presidente Trump: si estás considerando entrar ilegalmente a EE.UU., ni lo pienses”. El mensaje, difundido en televisoras mexicanas, desató críticas contra los dueños de las concesiones, y la respuesta no se hizo esperar.
Ver al líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, el mismo que fue grabado diciendo que a la prensa no se le mata a balazos sino de hambre, ahora defendiendo la “libertad de expresión” y ofendido por una supuesta censura, es un mal chiste que nadie le cree, quizá solamente nuestra paisana Anabell Ávalos Zempoalteca.
Sin embargo, el debate trasciende las hipocresías políticas y se centra en una reforma que promete cambiar las reglas del juego en las telecomunicaciones mexicanas.
Aprobada el 24 de abril de 2025 por las comisiones del Senado con 29 votos a favor y nueve en contra, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión busca fortalecer la soberanía informativa y prohibir la propaganda extranjera, como el spot antimigrante financiado por Estados Unidos, calificado como discriminatorio por el Conapred al que ya le hacía referencia.
Con 283 artículos y 27 transitorios, esta iniciativa transfiere las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo que consolidará el poder del Ejecutivo en la regulación, supervisión y sanción del sector, como lo explicó Álvarez Lima.
Entre sus puntos clave está la prohibición de transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, una medida que responde directamente a la indignación por los mensajes estadounidenses.
Además, permite rescatar concesiones de radio y televisión por razones de interés público o seguridad nacional y establece sanciones económicas de hasta 0.75% de los ingresos de los concesionarios.
La reforma, impulsada por Morena, PVEM y PT, se presenta como un escudo para la soberanía nacional y el acceso universal a servicios digitales.
Sin embargo, la oposición —PAN, PRI y MC— la critica por su aprobación acelerada sin un parlamento abierto, alertando sobre riesgos a la libertad de expresión y acusándola de abrir la puerta a la censura.
En medio de este torbellino, voces como la de Pepe Merino han salido a desmentir las narrativas alarmistas, aclarando que medidas como el artículo 109, que permite el bloqueo temporal de plataformas por incumplimientos fiscales, no tienen relación con la regulación de contenidos.
El senador tlaxcalteca José Antonio Álvarez Lima defiende la reforma como un cambio estructural para proteger la soberanía informativa, pero el debate está lejos de concluir.
La discusión en el Pleno del Senado, programada para el 28 de abril, será un termómetro de las tensiones políticas y sociales que esta iniciativa ha desatado.
Lo que está en juego no es solo el control del espectro radioeléctrico, sino la definición de qué significa informar y ser informado en un México que se resiste a ser escenario de narrativas extranjeras.
La pregunta persiste: ¿es esta reforma un paso hacia la autodeterminación o un pretexto para concentrar poder? La respuesta dependerá de cómo se equilibren la soberanía, la libertad y los intereses detrás de las pantallas.
Por ahora, el mensaje es claro: México no quiere ser un eco de voces ajenas, pero el costo de silenciarlas debe medirse con cuidado, estamos en momentos de cambio que merecen toda nuestra atención.
