Apenas el 26 de agosto pasado, en esta misma columna, denuncié la discriminación sistemática que Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE-USET), ha perpetrado contra estudiantes de una escuela indígena en San Francisco Tetlanohcan. Así lo confirmaron los padres a través de una denuncia judicial que hasta ese momento no habían tenido respuesta a sus exigencias.
Hoy, tras una tensa reunión con la Secretaría de Gobierno (SEGOB), encabezada por Luis Antonio Ramírez Hernández, el conflicto parece encaminarse a una resolución forzada, pero no sin exponer la soberbia y la falta de empatía que caracterizan la gestión de Meneses Hernández.
Este caso, que evoca las burlas de Lorenzo Córdova Vianello hacia los pueblos originarios, revela una escasez no de recursos, sino de voluntad para cumplir con la ley y respetar los derechos de las comunidades náhuatl. Lo reitero porque así es.
El origen del escándalo se remonta a febrero de 2023, cuando Meneses comenzó a ser señalado por marginar a alumnos de la primaria bilingüe de náhuatl-español.
Padres de familia, hartos de excusas como falta de presupuesto, maestros o plazas, y restricciones normativas, interpusieron un juicio de amparo (número 891/2025-2) ante un juez federal.
La convocatoria de preinscripciones emitida por la SEPE-USET priorizaba a niños con hermanos en la escuela, relegando a la población general y generando inequidad. Se trataba de quedar bien sin pensar en una estrategia que favoreciera a la mayoría.
El juez -como evidentemente todos podríamos suponer- falló a favor de los demandantes, ordenando reabrir la plataforma en plazos específicos: cinco días, tres días y 24 horas.
Sin embargo, la SEPE-USET incumplió, alegando vacaciones hasta el 25 de agosto e, increíblemente, preparativos para el cumpleaños del secretario en Contla. Sí, la comilona a la que los invitados llevaron su propia botana era una prioridad y no la educación de los infantes.
Esto derivó en un desacato judicial, exponiendo a Meneses y a funcionarios como Omar Cuatianquiz Ávila, Guadalupe Texis Salazar y José Fausto Ramírez a sanciones graves: inhabilitación de 3 a 9 años, hasta tres años de prisión o multas de hasta 500 UMAs.
Pero los padres no se limitaron a los tribunales. Confrontaron directamente a Homero Meneses, acusándolo de explotar la imagen indígena —usando sus prendas en fotos— pero sin acciones concretas.
Su respuesta fue desconcertante: durante un desayuno ofrecido por la comunidad, espetó: “Si me invitan a comer y me cobran con un grupo o un salón, pues ya no vengo”.
Esta actitud racista y excluyente se agravó con la negativa a autorizar nuevos grupos pese a la creciente demanda: cuatro años consecutivos de aumento en inscripciones.
La molestia creció justamente porque las autoridades educativas pretendían hacinar a 44 niños en un aula de 6×8 metros, violando el estándar pedagógico de alumnos por grupo.
Los padres proponían soluciones: contribuir económicamente, adquirir terrenos (ya compraron 3,000 m²), pero la SEPE-USET las rechazó hasta hoy, porque a decir de Meneses Hernández, el gobierno estaba priorizando “otros compromisos”.
La crisis escaló el miércoles posterior a esta denuncia, con una manifestación en el Palacio de Gobierno. Amenazando con cerrar la escuela, los padres exigieron intervención de la gobernadora y del secretario de la sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa, quien confirmó seis plazas disponibles.
La reunión en SEGOB fue un campo de batalla: cinco abogados de la SEPE-USET llegaron sin propuestas, judicializando el diálogo.
El director jurídico, confrontativo, recriminó al director de la escuela por acatar la orden judicial directamente, gritando: “Usted no es activista, es funcionario”.
Así que los padres reaccionaron ante esta posición tan cruda e indolente, transmitiendo “en vivo” pese a oposiciones de los funcionarios que ahí se encontraban exigiendo la salida de los teléfonos, e incluso forzaron la llegada de Meneses, quien, con instrucciones superiores, agachó la cabeza y se presentó.
Pero que nadie se relaje porque los acuerdos alcanzados son un triunfo parcial: división del grupo de primer grado en dos, con un nuevo maestro; construcción de un aula para finales de septiembre, seguida de dos más hasta diciembre, y un plan para tres adicionales.
Aunque se confirmó un presupuesto de un millón de pesos para una techumbre, pendiente de aportación municipal nadie puede decir que ha ganado aunque los padres ya no han dicho algo al respecto. Se apagó el ruido.
Sin embargo, persisten sombras: Meneses mostró soberbia y sobre todo que está desinformado e incluso engañado por sus abogados, y ha sido tal su nivel de intolerancia que fue confrontado por una madre que lo ubicó en su realidad.
“¿Homero puedes resolver o nos movilizamos? No estás con tus maestros a los que amenazas”. dijo tajantemente la madre al escuchar un intento de amenaza del funcionario que también pedía apagar los equipos telefónicos.
Este episodio marca un precedente en Tlaxcala: la presión mediática, judicial y comunitaria obliga a Meneses a actuar, pero cuestiona su compromiso ético y los valores de izquierda que presume el secretario de educación.
Los padres, vigilantes, advierten que no tolerarán más arbitrariedades. La orden judicial sigue intacta, y los 20 niños inicialmente rechazados ya están inscritos.
Como dijo una madre al exhibir al secretario: “Haga su trabajo, que la gente vea y que interprete. Nadie es intocable”. Lo dijo a Meneses luego de que él pidió usar ese video para reconocer el nivel de diálogo de las autoridades y que sobre todo se expusiera que este gobierno actuaba diferente porque “no somos iguales”, tal y como salió en el comunicado oficial, que por cierto nadie creyó.
Buena lección para Homero Meneses en el inicio del ciclo escolar, los niños y sus padres de origen indígena acabaron por educar al doctor, se impuso la dignidad y la razón… y lo que falta.
