Hay reformas que no solo modifican artículos; modifican la forma en que entendemos la justicia. Eso ocurre cuando el Congreso decide mirar de frente una realidad que durante años permaneció en los márgenes: la situación de las personas con discapacidad frente al sistema jurídico.
En Tlaxcala, como en muchas entidades del país, nuestras leyes fueron construidas bajo una idea abstracta de ciudadanía: un sujeto “promedio”, plenamente autónomo, capaz de comprender y enfrentar cualquier procedimiento legal sin apoyos adicionales. Ese modelo, que parecía neutral, terminó excluyendo a quienes viven con discapacidad, particularmente intelectual o psicosocial.
La discusión actual
La discusión actual sobre la necesidad de adecuar el marco normativo estatal no es un asunto menor. Tiene que ver con evitar que personas con discapacidad enfrenten procesos penales sin que se reconozcan sus condiciones específicas, sin apoyos adecuados y sin garantías reales para ejercer su derecho de defensa. La igualdad formal, esa que trata a todas las personas exactamente igual, puede convertirse en una forma de desigualdad cuando no se consideran las diferencias contextuales.
En los últimos años, México asumió compromisos internacionales que transformaron el paradigma. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marcó un antes y un después: dejó atrás el modelo asistencialista y planteó una visión basada en derechos humanos. Las personas con discapacidad no son objetos de tutela; son sujetos plenos de derechos, con capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
No podemos posponer
Esto obliga a revisar nuestras leyes locales. No basta con declarar derechos; hay que garantizar que los procedimientos, las instituciones y las prácticas estén diseñados para hacerlos efectivos. Incorporar la perspectiva de discapacidad significa preguntarnos si nuestras normas contemplan ajustes razonables, si existen mecanismos de apoyo adecuados y si el sistema penal opera con sensibilidad y conocimiento técnico suficiente.
El riesgo de pro
Desde una mirada sociológica, el derecho no es neutro. Produce efectos. Puede incluir o excluir. Puede proteger o vulnerar. Cuando una legislación no considera las condiciones estructurales que enfrentan ciertos grupos, termina profundizando desigualdades. En el caso de las personas con discapacidad, esto se traduce en barreras para acceder a la justicia, comprender procesos o ejercer plenamente sus derechos.
La reforma que hoy se plantea en Tlaxcala responde a esa deuda histórica. No se trata de crear excepciones arbitrarias ni de debilitar el estado de derecho. Se trata de fortalecerlo. Un sistema jurídico es más sólido cuando reconoce la diversidad de las personas a quienes sirve.
Urge adoptar una nueva perspectiva
Además, armonizar la legislación estatal con los tratados internacionales no es una concesión política, sino una obligación constitucional. Pero más allá de la exigencia jurídica, hay una dimensión ética. Una sociedad democrática no puede sostenerse si ignora las necesidades de quienes enfrentan mayores obstáculos.
Adoptar la perspectiva de discapacidad al legislar implica cambiar la pregunta. Ya no se trata solo de qué dice la ley, sino de a quién deja fuera. Implica revisar conceptos tradicionales y actualizar instituciones para responder a los contextos contemporáneos. Implica capacitación, sensibilización y voluntad política.
Tlaxcala tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo de justicia más humano, más incluyente y más acorde con los estándares internacionales. No hacerlo significaría perpetuar inercias que ya no se sostienen.
La verdadera igualdad no consiste en aplicar las mismas reglas a todas las personas sin distinción. Consiste en garantizar que cada persona pueda ejercer sus derechos en condiciones reales de equidad. Esa es la discusión de fondo. Y esa es la reforma que hoy se vuelve impostergable.
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