Hay decisiones de gobierno que, por pequeñas que parezcan, terminan exhibiendo la verdadera forma de ejercer el poder. Lo ocurrido en Apizaco, donde personal de la Dirección de Comercio impidió un intercambio de tarjetas Panini organizado por jóvenes simpatizantes de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera, deja más preguntas que respuestas.
Si la autoridad actuó con apego a la ley, debe explicar con claridad cuál fue el fundamento jurídico para suspender una actividad recreativa que, de acuerdo con los organizadores, no tenía fines comerciales. Si no existía permiso, también debe decirlo. Pero si la intervención obedeció únicamente a la identidad política de quienes convocaban, entonces el asunto deja de ser administrativo para convertirse en un preocupante caso de intolerancia política.
Resulta difícil creer que un intercambio de estampas represente un riesgo para el orden público. En distintos municipios este tipo de actividades se realizan con normalidad, reúnen a familias, jóvenes y aficionados al fútbol y fortalecen la convivencia comunitaria. En Apizaco, en cambio, terminó convertido en un asunto de inspectores y prohibiciones.
La democracia no se mide únicamente en las campañas electorales. También se pone a prueba cuando un gobierno permite que sus ciudadanos se reúnan libremente, aun cuando piensen distinto o simpaticen con actores políticos que no forman parte del grupo en el poder. Gobernar implica garantizar derechos, no administrar simpatías.
Más preocupante aún es el mensaje que reciben los jóvenes: organizarse puede traer consecuencias si no están del lado correcto del poder. Esa percepción erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la idea de que la autoridad utiliza sus facultades con criterios políticos y no legales.
El Ayuntamiento de Apizaco tiene la oportunidad de aclarar los hechos y demostrar que la actuación de sus funcionarios respondió exclusivamente a la aplicación de un reglamento. De lo contrario, quedará la impresión de que en el municipio se persiguen estampas cuando deberían atenderse problemas mucho más urgentes para la ciudadanía.
Porque cuando un gobierno parece temerle a un intercambio de tarjetas Panini, el problema ya no son las estampas. El problema es la intolerancia.
