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La de 8

¿Quién es el Ministro que desechó el “Plan B” y qué vínculos tiene con Zedillo, Fox y Calderón?

El Ministro Javier Laynez Potisek pasó 25 de años de su trayectoria profesional en la Administración Pública Federal como colaborador en los Gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quien en 2015 lo propuso para la SCJN, en medio de señalamientos que llevaron a advertir sobre su independencia.

(Obed Rosas/SinEmbargo).– El 4 de diciembre de 2015, Javier Laynez Potisek hizo frente a una comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado en la que tuvo que lidiar con una serie señalamientos que arrastra desde entonces: los 25 años en los que se desempeñó como colaborador en los Gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y sobre todo por su papel en la Reforma Energética de este último Presidente, quien lo promovió para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Visto ya desde entonces como “el ungido” para llegar la Corte, Laynez Potisek no negó haber sido partícipe de la Reforma Energética peñista referente al régimen de ocupación temporal de tierras y los contratos para las trasnacionales y aclaró ante los senadores que le cuestionaron su papel: “Jamás me afilié a ningún partido político y siempre pensé que sí era viable, en México, contar con servidores públicos tecnócratas, la parte técnica que puede aportar a su país desde el servicio público y desde el Ejecutivo y eso no significa que lo convierta en un activista de las reformas en las que participo”.

No fueron las únicas advertencias que se hicieron en ese entonces. En el mismo proceso la Barra Mexicana del Colegio de Abogados cuestionó que Laynez Potisek hubiera contendido por un puesto en la Corte cuando no tenía ni un año de haberse desempeñado como Procurador Fiscal de la Federación, ante lo cual advirtieron un posible conflicto de interés.

“La vinculación con el Poder Ejecutivo es evidente, y le hace carecer de independencia respecto de éste en caso de llegar a ser Ministro, pues pasó a ocupar el [cargo] de Magistrado de un tribunal adscrito al Poder Ejecutivo federal, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, dijo la Barra Mexicana en un comunicado de noviembre de 2015.

Pese a las advertencias, los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) arroparon su candidatura y en diciembre de 2015 lo votaron como Ministro, en medio de cuestionamientos de la izquierda.

Ahora Laynez Potisek ha dado pauta a una confrontación entre poderes al haber suspendido todo el “Plan B” electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aún cuando el paquete legal fue impugnado en su totalidad por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo que han tomado como bandera los partidos de oposición.

El Ministro Javier Laynez Potisek ha defendido que su decisión fue para “salvaguardar el sistema democrático nacional“, aún cuando desde Palacio Nacional se ha señalado que la Constitución no faculta a la Corte para conocer de las controversias que se refieran a la materia electoral. “Esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, dijo Presidencia.

Es decir, el Ministro, acusó Presidencia, ha adoptado una medida controversial que frena el “Plan B” electoral del Presidente López Obrador, aún cuando no había sido impugnado en su totalidad. Un tema que además del INE, la oposición y expresidentes como Calderón y Fox —en cuyas gestiones él trabajó— han tomado como bandera frente a la actual administración.

Tulio Salanueva Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados, precisó que la decisión del Ministro Laynez Potisek “fue unilateral, exclusivamente como ponente y receptor del asunto”, por lo que el acuerdo de suspensión al que da trámite es susceptible de ser impugnado. “Es re-editable por los miembros de la Corte; ya veremos qué deciden ellos sobre estos dos importantes argumentos: 1) Que no se puede admitir una controversia constitucional tratándose de materia electoral y 2) Que el Ministro ponente dice este juicio tiene matices”.

“Tratándose de una controversia constitucional de un juicio de esta naturaleza, se trata de un proceso de contradicción. La materia del juicio la fijan las partes y por lo tanto cada una se pone en un papel diferente: tanto la Presidencia de la República al señalar que la Constitución no prevé la controversia constitucional tratándose de materia electoral, de lo cual tiene razón, pero también el Ministro ponente tiene facultades para admitir un juicio de esta naturaleza, ya que el que se propone tiene matices específicos”, explicó al respecto.

Con respecto al argumento de Presidencia, de que no notificó a las autoridades sobre la suspensión, el miembro del Colegio Nacional de Abogados dijo que es obligatorio notificar oficialmente a las autoridades, “pero también es discutible la postura de la Consejería Jurídica. El procedimiento de notificación lleva un trámite una vez que se emite el acuerdo judicial: se turna a los notificadores, al actuario y, al tratarse de horas y días inhábiles, se encuentra imposibilitado para notificar, de tal manera que estoy seguro que la notificación –sino es que ya se efectuó– se llevará a cabo los próximos días, y no necesariamente es una violación como lo dijo Presidencia de la República”.

En tanto, Alfonso Herrera, académico de derecho procesal constitucional en la Universidad Panamericana, señaló que la duda principal y donde la Consejería tiene su propia interpretación es que se trata de una materia electoral. “Desde la Constitución se establece que las suspensiones son improcedentes en materia electoral, pero la Corte ha interpretado a lo largo de su historia qué significa eso: cuando se habla de una controversia constitucional sobre cuestiones presupuestales o de competencia para salvaguardar la autonomía del INE no significa que se trate de ‘materia electoral’”, refirió.

LA TRAYECTORÍA: DE ZEDILLO A PEÑA

Javier Laynez Potisek fue un actor de las políticas impulsadas en las gestiones pasadas. Durante su entrevista en la Comisión de Justicia del Senado de la LXIII Legislatura, se le cuestionó que haya sido promotor de la Reforma Energética de 2008 de Felipe Calderón y autor de parte sustancial de la de Enrique Peña Nieto, en especial en lo referente al régimen de ocupación temporal de tierras y los contratos para las trasnacionales.

“Usted apoyó con un gran interés, y participación, y compromiso la Reforma Energética de Calderón, 2008, ahí estuvo usted como un activista, un activo inteligente obviamente, buena formación, no cabe duda, pero apoyando las posiciones del Ejecutivo. Y también fue igual un ariete en la promoción de la Reforma Energética de Peña Nieto”, le cuestionó en ese entonces el Senador del PT, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y un personaje que formó parte del priismo y a quien se le responsabiliza del fraude electoral de 1988.

Lo cierto es que Javier Laynez Potisek trabajó al final del Gobierno de Ernesto Zedillo y a lo largo de cinco años del sexenio de Vicente Fox Quesada como Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal. Ya en el último año del foxismo se desempeñó como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Yo nunca recibí mi salario como servidor público para decir siempre: ‘sí señor; sí señor, lo que usted ordene’. Y no creo que ninguno de mis superiores jerárquicos —yo así lo considero— me haya ratificado, conservado o contratado precisamente para que únicamente hiciera eso”, se defendió el propio Laynez Potisek en el Senado de las voces que cuestionan su independencia.

En 2007, ya en el Gobierno de Felipe Calderón, fungió de nueva cuenta como Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal. En 2011, el mismo Calderón lo promovió para desempeñarse como juez ante la Corte Penal Internacional (CPI), no obstante un panel independiente determinó que no estaba calificado para desempeñarse en su puesto.

“En su calidad de candidato para la Lista A, no tiene la experiencia necesaria relevante, ya sea como Juez, Fiscal o abogado o alguna otra capacidad similar, en procedimientos penales”, resolvió en ese entonces el panel, como consignaron en noviembre de 2011 los senadores René Arce Círigo, Carlos Jiménez Macías y José Guadarrama Márquez, quienes mediante un punto de acuerdo solicitaron al Gobierno de Calderón retirar la candidatura, algo que ocurrió el 15 de diciembre de ese año.

Laynez fue cuestionado por algunos senadores sobre su candidatura malograda. En esa ocasión atribuyó la observación del penal independiente que determinó que su perfil era administrativo o constitucionalista, luego señaló que él decidió retirarse de la contienda, porque si no lo hacía América Latina iba a perder esa plaza, al contender por el lugar restante tanto México como Colombia. “Yo decidí voluntariamente, fue una decisión personal de decir: No hay de otra. Porque finalmente o alguien se retira o esta plaza se pierde. Yo me retiré. Insisto, fue una decisión personal, de la contienda”.

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Laynez Potisek se mantuvo como Procurador Fiscal de la Federación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya titularidad a lo largo del sexenio ocupó Luis Videgaray Caso, uno de los hombres de todas las confianzas del Presidente. De este lugar, como se señaló en su momento, fue clave para la Reforma Energética peñista referente al régimen de ocupación temporal de tierras y los contratos para las trasnacionales.

Ante el Senado, el entonces Procurador Fiscal aclaró: “Habría (con la reforma) ciertos contratos en ciertas actividades, conforme a los cuales podría haber una afectación de empresas privadas nacionales y extranjeras, tendría que crearse un régimen de protección, porque de lo contrario el estado, habiendo asignado un contrato, tendría que expropiar y expropiar y expropiar esas tierras. No era el caso mientras sólo fue CFE y Pemex. CFE y Pemex procedían entonces y fue lo que yo hice, reunirme con los técnicos de ambas empresas para decirles bueno, y cómo le hacen ustedes cuando tienen que realizar una afectación, o como un derecho de bien en caso de ser fe, o una empresa”.

“Yo no digo, ‘Aquí prepárame un proyecto’ dando la razón que yo participé en esa ley. Al contrario, veo la aplicación en caso concreto y decido conforme a la Litis sin que yo considere que porque tuve una participación aún en el diseño institucional de esa política pública, tengo forzosamente que dictar una sentencia en favor de la autoridad”, aclaró en ese entonces cuando se desempeñó como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cargo que desempeñó por siete meses y que lo llevó a la Suprema Corte, en donde hoy es protagonista de una nueva confrontación entre poderes.

*Con información de SinEmbargo

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