Luego evidenciar la asignación irregular de una plaza Federal a la titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), Angélica Domínguez Hernández, el titular de la Secretaría de Educación Pública Homero Meneses Hernández salió a su defensa y terminó exhibiendo un sistema de asignación de plazas administrativas que continúa operando sin concursos públicos y bajo un esquema de propuestas políticas y sindicales.
Durante los diálogos circulares, el funcionario fue cuestionado sobre un nombramiento que acredita el ingreso de la funcionaria al sistema educativo estatal desde el 1 de febrero de 2026, pese a desempeñarse simultáneamente como integrante del gabinete de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Lejos de aclarar si la titular del Coracyt trabaja en la escuela donde fue adscrita, si percibe un salario o si cuenta con una licencia sin goce de sueldo, Meneses Hernández desvió la atención hacia los medios de comunicación que difundieron el caso, calificando la información como “imprecisa” y anunciando una investigación interna.
Sin embargo, durante la misma conferencia reconoció que las plazas administrativas no se obtienen mediante concursos públicos, sino por propuestas del trabajador que deja la vacante, de las organizaciones sindicales o de la propia autoridad educativa estatal, es decir, del Gobierno del Estado.
“Corresponde al gobernador quien propone”, afirmó el secretario al explicar el mecanismo mediante el cual se asigna una parte de las plazas de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAE), una declaración que reavivó los cuestionamientos sobre la discrecionalidad con la que históricamente se distribuyen esos espacios laborales.
Al insistir sobre el caso específico de Angélica Domínguez Hernández, el secretario tampoco negó que hubiera recibido una plaza. Por el contrario, reconoció que podría haber sido beneficiada, aunque condicionó cualquier conclusión a la existencia de una licencia sin goce de sueldo o de un estudio de compatibilidad laboral.
No obstante, cuando se le hizo ver que, hasta donde se conoce, la funcionaria no tendría licencia vigente, Meneses Hernández no presentó documento alguno que desvirtuara esa versión y únicamente respondió que “se investigará” y que será la Secretaría de la Función del Buen Gobierno la que determine si existe alguna irregularidad.
El episodio deja abiertas varias interrogantes: ¿quién autorizó el ingreso de una integrante del gabinete estatal al sistema educativo?, ¿bajo qué criterios se asignó esa plaza?, ¿existe un permiso oficial que justifique que no labore en el plantel?, ¿o se trata de un caso que evidenciaría deficiencias en los controles administrativos?
Más allá del caso particular, las propias declaraciones del secretario pusieron sobre la mesa un modelo de asignación de plazas administrativas que continúa dependiendo de propuestas gubernamentales y sindicales, en lugar de procesos abiertos de selección, un esquema que ha sido objeto de cuestionamientos por organizaciones magisteriales y especialistas en transparencia.
Mientras la investigación anunciada por la SEPE-USET no concluya y la documentación correspondiente no sea pública, el caso seguirá alimentando las dudas sobre la forma en que se administran las plazas del sistema educativo estatal y sobre los mecanismos de rendición de cuentas para quienes ocupan simultáneamente cargos de alto nivel en el servicio público.
