En política, la guerra sucia suele aparecer cuando se agotan los argumentos. Cuando las propuestas no alcanzan, cuando los resultados no convencen y cuando la distancia entre un aspirante y sus adversarios comienza a parecer demasiado grande para cerrarla con trabajo territorial.
Eso es precisamente lo que comienza a observarse en Tlaxcala rumbo a 2027.
El recrudecimiento de ataques contra Ana Lilia Rivera Rivera, el blanqueamiento de bardas donde aparecía su nombre y la actividad creciente de cuentas en redes sociales dedicadas a cuestionarla y desacreditarla revelan, cuando menos, un escenario de creciente confrontación política.
Y aquí está el verdadero riesgo: la guerra sucia no solamente pretende golpear a una persona; puede terminar contaminando todo el proceso electoral.
Porque cuando se sustituyen las propuestas por descalificaciones, cuando se pretende borrar la presencia de un adversario en lugar de competir con él y cuando se utilizan recursos económicos y estructuras para fabricar posicionamientos, la política deja de ser una competencia de ideas y comienza a convertirse en una disputa por el control del escenario.
Pero hay algo que los estrategas de la guerra sucia parecen no entender: una barda puede blanquearse, una publicación puede eliminarse y una campaña digital puede multiplicarse, pero el trabajo político construido durante años no desaparece con pintura.
Ana Lilia Rivera mantiene una ventaja que, de acuerdo con el escenario político que se observa actualmente, sus adversarios tienen dificultades para alcanzar.
Y ahí está quizá la explicación de la intensidad de los ataques.
Mientras se destinan millones de pesos —según los señalamientos que circulan en el ambiente político— para intentar posicionar a determinados proyectos, la pregunta que debería hacerse la ciudadanía es mucho más sencilla: ¿qué resultados concretos pueden presumir quienes pretenden gobernar Tlaxcala?
Porque una campaña de espectaculares, bardas, propaganda, operadores y redes sociales puede comprar visibilidad, pero no necesariamente puede comprar legitimidad, confianza o carisma.
Y ese parece ser uno de los principales problemas de quienes intentan construir artificialmente una candidatura: el dinero puede inflar una imagen, pero difícilmente puede fabricar conexión con los ciudadanos.
En el caso de Ana Lilia Rivera, sus simpatizantes sostienen que su fortaleza proviene de años de trabajo territorial, de su presencia política y de una trayectoria que le ha permitido mantener contacto con distintos sectores de Tlaxcala.
Por eso, la guerra sucia puede terminar produciendo exactamente el efecto contrario al que buscan sus promotores.
Cada ataque genera preguntas. Cada barda blanqueada despierta sospechas. Cada campaña de descalificación provoca que la ciudadanía quiera saber por qué existe tanta preocupación alrededor de una aspirante.
Y en política hay una regla que pocas veces falla: cuando alguien está realmente fuera de competencia, nadie gasta millones en intentar frenarlo.
El escenario también comienza a dibujar otra realidad incómoda para los demás aspirantes.
La disputa, para algunos, ya no parece estar concentrada en alcanzar el primer lugar, sino en pelear por el tercer sitio y evitar quedarse en el fondo de la tabla.
Esa es quizá la razón por la que la competencia se ha vuelto tan agresiva.
Porque cuando la distancia electoral se vuelve complicada de remontar, algunos prefieren intentar destruir al puntero antes que construir una alternativa capaz de convencer a los ciudadanos.
Sin embargo, Tlaxcala merece mucho más que eso.
La sucesión de 2027 debería discutirse alrededor de seguridad, empleo, salud, educación, infraestructura, campo, desarrollo económico y bienestar. Debería existir un debate sobre qué proyecto puede resolver los problemas cotidianos de las familias tlaxcaltecas.
No una guerra de bardas.
No una guerra de bots.
No una guerra de descalificaciones.
Y mucho menos una competencia basada exclusivamente en quién tiene más recursos para promocionarse.
La ciudadanía no es ingenua.
Los tlaxcaltecas saben distinguir entre una candidatura construida con dinero y una candidatura construida con presencia, trabajo y resultados.
Por eso, quienes hoy pretenden detener a Ana Lilia Rivera mediante guerra sucia deberían preguntarse si realmente están debilitando su candidatura o, por el contrario, están confirmando que su crecimiento político les preocupa.
Porque si la ventaja fuera pequeña, bastaría con trabajar.
Si fuera alcanzable, bastaría con convencer.
Y si existiera un proyecto más atractivo, no habría necesidad de recurrir a la guerra sucia.
La política todavía tiene una salida democrática: competir, debatir y convencer.
Al final, serán los ciudadanos —no las bardas blanqueadas, no las campañas digitales y no los millones gastados en posicionamiento— quienes tendrán la última palabra.
Y esa es precisamente la parte que ningún operador político puede controlar.
