* Entre peritajes, trabajos de inteligencia y carpetas bajo reserva, Ernestina Carro Roldán acumula preguntas sin respuesta. Los asesinatos de empresarios, comerciantes y ciudadanos exhiben una deuda institucional que no se resuelve diciendo que las investigaciones continúan.
En Tlaxcala parece que la Fiscalía General de Justicia del Estado encontró una fórmula para responder a los cuestionamientos incómodos: las investigaciones están abiertas, se realizan trabajos de inteligencia, se practican peritajes y, por tratarse de procesos en curso, no se pueden revelar detalles. Es el argumento de la fiscal Ernestina Carro Roldán. El problema es que mientras la institución insiste en que trabaja, las familias siguen esperando justicia.
Los casos de Karina, localizada sin vida en Natívitas, Carlos Manuel y Carlos Yadiel vuelven a colocar bajo cuestionamiento el desempeño de la Fiscalía. La funcionaria asegura que existen avances, pero cuando se le pregunta por resultados concretos, fechas o determinaciones jurídicas, la respuesta vuelve a ser la misma: hay que esperar. Incluso, sobre el caso de Karina, todavía no existe una definición pública respecto a su clasificación como feminicidio.
Pero la pregunta es inevitable: ¿cuántos meses o años necesita la Fiscalía para ofrecer resultados? ¿En qué momento una investigación deja de ser una carpeta abierta para convertirse en justicia para las víctimas?
Y si hablamos de expedientes que siguen generando interrogantes, hay que recordar los asesinatos que golpearon directamente al sector empresarial de Tlaxcala.
En septiembre de 2024, el empresario constructor Roberto de la Rosa fue privado de su libertad en Chiautempan. Horas después, su cuerpo fue localizado en San Miguel Xoxtla, Puebla. La Fiscalía de Tlaxcala asumió la responsabilidad de investigar porque el secuestro y asesinato comenzaron en territorio estatal. La gravedad del caso y las circunstancias del crimen exigían una investigación que permitiera identificar no solamente a los ejecutores, sino también esclarecer el móvil. ¿Qué resultados definitivos existen?
Días después, el 2 de octubre de ese mismo año, Ángel N., empresario del sector gasolinero y restaurantero, fue asesinado en una estación de servicio ubicada en Tecolotla, municipio de Apetatitlán. Dos sujetos llegaron en motocicleta y le dispararon; su chofer también resultó herido. La Fiscalía inició las investigaciones, pero la ciudadanía merece conocer qué ocurrió con ese expediente y si hubo responsables llevados ante la justicia.
Otro caso que no puede quedar en el olvido es el de Jorge Montiel, conocido como “El Ranchero”, empresario de Huamantla secuestrado el 14 de febrero de 2024 y localizado sin vida tres días después. Hubo detenciones, incluso una cuarta aprehensión posteriormente, pero en mayo de ese año sus familiares todavía exigían justicia y cuestionaban que el crimen no quedara impune. Detener a presuntos responsables no equivale necesariamente a esclarecer todas las circunstancias del asesinato, identificar a los autores intelectuales y conseguir una sentencia.
En noviembre de 2025, la violencia volvió a golpear al sector empresarial con el asesinato de Humberto B., propietario de Pichu’s Pizzas y excandidato independiente a la presidencia municipal de Tetlatlahuca. Fue atacado en Santa Cruz Aquiahuac. De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, había denunciado previamente amenazas y presuntos actos de extorsión. Su asesinato dejó una pregunta todavía más delicada: ¿qué seguimiento dieron las autoridades a las denuncias que habría presentado antes de morir?
Y en mayo de 2026, un constructor identificado como Enrique N. fue asesinado a balazos en Cuaxomulco cuando presuntamente acudía a pagar la nómina de sus trabajadores. De acuerdo con los reportes, hombres armados habrían intentado despojarlo de dinero. Los agresores escaparon y, al momento de las primeras publicaciones, no se reportaban detenidos. ¿Qué avances tiene hoy esa investigación?
No son hechos aislados que puedan despacharse con un comunicado institucional. Son historias de personas asesinadas, familias destruidas, negocios afectados y sectores productivos que enfrentan el temor de convertirse en las siguientes víctimas.
La Fiscalía tiene derecho a reservar información cuando su divulgación comprometa una investigación, pero la reserva ministerial no debe confundirse con ausencia de rendición de cuentas. Se pueden proteger datos sensibles y, al mismo tiempo, informar sobre detenciones, judicializaciones, líneas agotadas y resultados procesales, sin poner en riesgo las carpetas.
Por eso, Ernestina Carro Roldán tiene una deuda de explicaciones con la sociedad tlaxcalteca. No basta con asegurar que las familias están informadas o que la institución está abierta a atenderlas. La procuración de justicia se mide por la capacidad de esclarecer los delitos, identificar a los responsables y llevarlos ante los tribunales.
Y mientras la fiscal presume avances, otro asunto merece atención: el comportamiento de sus propios elementos de seguridad. Durante la entrevista con medios de comunicación, integrantes de su equipo de escoltas fueron señalados por obstaculizar el trabajo periodístico. Resulta contradictorio que una institución encargada de procurar justicia tenga dificultades para garantizar condiciones de respeto a quienes ejercen el derecho a informar.
La Fiscalía no es una oficina privada ni sus investigaciones pueden convertirse en asuntos intocables. Es una institución pública obligada a rendir cuentas, particularmente cuando están de por medio vidas humanas.
La pregunta de fondo no es si hay investigaciones abiertas. La pregunta es cuántas de ellas han producido justicia.
Porque en Tlaxcala las familias no necesitan más explicaciones sobre peritajes, inteligencia y expedientes reservados. Necesitan saber quién mató a sus seres queridos, por qué lo hizo y cuándo responderá ante la justicia.
Una Fiscalía que presume investigaciones, pero no puede mostrar resultados verificables, termina poniendo en entredicho su propia credibilidad. Y la justicia que tarda indefinidamente también termina siendo una deuda con las víctimas.
