La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado una serie de irregularidades en la administración del gobierno del estado de Tlaxcala, correspondientes al ejercicio fiscal 2023. Estas anomalías incluyen un probable daño patrimonial que asciende a 321 millones 491 mil 100 pesos, lo que ha llevado a la ASF a solicitar aclaraciones sobre el uso y destino de estos recursos.
En su segundo informe de la cuenta pública 2023, la ASF identificó múltiples omisiones por parte de la administración estatal. Una de las principales irregularidades se refiere a la falta de justificación de 138 millones 256 mil 220.51 pesos, relacionados con ingresos extraordinarios que fueron utilizados en conceptos no autorizados por la Ley de Disciplina Financiera.
Además, la auditoría detectó que el gobierno de Tlaxcala no siguió la metodología establecida para el cálculo de asignaciones para servicios personales. El monto aprobado para 2023 fue de 3 mil 247 millones 459 mil 500 pesos, lo que representó un incremento del 11.6% respecto al año anterior, superando el límite legal en 19 millones 176 mil 600 pesos.
Se identificaron también irregularidades en la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con un monto por aclarar de 94 millones 827 mil 400 pesos. La ASF reportó un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 92 millones 33 mil 476.86 pesos, debido a pagos realizados sin que se hubieran completado las obras correspondientes, lo cual contraviene la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Otras irregularidades incluyen el uso indebido de recursos del Fondo de Infraestructura Social, donde se observó un daño potencial de 72 millones 346 mil 107.09 pesos, por pagos a contratos que no contaron con la documentación adecuada y por obras que no cumplían con los estándares establecidos.
Asimismo, en el análisis del Fondo de Aportaciones Múltiples, se identificaron anomalías que podrían implicar un daño al patrimonio federal por 16 millones 61 mil 400 pesos, derivado de pagos por obras no ejecutadas y falta de documentación pertinente.
La ASF ha instado al gobierno estatal a aclarar estas irregularidades y a rendir cuentas sobre la correcta utilización de los recursos públicos, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión financiera del estado. La situación plantea interrogantes sobre la eficacia en el manejo de fondos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno.
