Es obligación del Estado garantizar un derecho a un medio ambiente sano; el tema muy vigente en Tlaxcala sobre la administración de limpia, recogida, traslado y tratamiento de los desechos o residuos, expone y reitera un lugar común de la saliente administración pública en Tlaxcala: sus visibles carencias de gobernabilidad.
Resulta una irresponsabilidad dejar minimizado el tema de los vertederos y ponerlo en herencia para el siguiente gobierno por la falta de planeación y gobernanza, y sobre todo, por la poca claridad de exponer las razones de sus políticas públicas; era tan fácil decir desde el principio: queremos concesionar la administración de los residuos —porque eso es lo que eran los fallidos Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, un modelo hibrido de concesión de lo público hacia lo particular—, y no es que fuera una política negativa, sino que fue concebida con el error de no tener en respaldo una Secretaría de Gobierno sólida y cercana a su población. Lo que fuera concebido como una política pública válida para atender los residuos, resultó ser uno de los epitafios de mayor engrose; la titular del ejecutivo deberá hacer sus balances en cuanto a quiénes fueron sus operadores fallidos y quiénes la dejaron descubierta.
Históricamente, Tlaxcala ha gestionado sus vertederos oficiales de residuos de manera pública y la decisión de pensarlos para su concesión a empresas privadas es un error descomunal; si bien es cierto, existen ejemplos como el del Estado de México que en su mayoría (entre el 85% de ellos) designa a lo privado la administración de los vertederos —lógico está, por la alta demanda—, Tlaxcala tuvo que ver ejemplos significativos como el de Aguascalientes, quien, a través de un modelo 100% público y municipal (Relleno Sanitario de San Nicolas) consigue que el propio Estado sea el ente regulador y benefactor para el destino final de los residuos.
El abandono del gobierno a los tiraderos ha generado el cuello de botella en el que se encuentra la situación en todo el estado: 1) la saturación de los mismos; 2) tener a todos los tiraderos con irregularidades de la norma mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003; 3) el incremento al bolsillo del ciudadano y municipios quien tendrán que pagar significativamente a empresas privadas por el destino de los residuos; y 4) el desgaste de la relación estatal-municipal que vulnera aun más la posición y fuerza del gobierno saliente; el hecho de forzar la incursión del destino de la basura a los cuates del sector privado, causó la puntilla de los salientes, y sobre todo, dejó pasar la oportunidad de crecer y fortalecer municipios de Tlaxcala.
