El Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de dar una bofetada a la supuesta austeridad de las elecciones judiciales del 1 de junio.
Acatando una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General aprobó el 21 de marzo de 2025 un aumento grotesco en los topes de gastos de campaña, como si la justicia mexicana no tuviera ya suficientes manchas de elitismo.
Lo que era un límite de 220 mil 336 pesos para los candidatos a cargos nacionales —magistraturas de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del TEPJF— se infló hasta un millón 468 mil pesos.
Sí, leyó bien: un salto de siete veces más, un despilfarro legitimado con el sello oficial.
Para las salas regionales del TEPJF, el tope trepó a 881 mil 304 pesos, y las magistraturas de circuito ahora pueden gastar 413 mil 111 pesos, el doble de lo original.
Mientras tanto, los aspirantes a jueces de distrito —los que lidian con el ciudadano de a pie— se quedan con las migajas del tope inicial: 220 mil pesos.
La señal es clara: en este circo judicial, el dinero manda, pero solo para los de arriba. ¿Qué sigue? ¿Subastas para las togas?
La reforma judicial vendió la idea de un proceso sin financiamiento público ni privado, donde los candidatos usarían solo sus propios recursos.
Noble en teoría, pero con estos topes ridículos se convierte en una burla. Prohibir publicidad y encuestas suena a control, pero con un millón y medio en el bolsillo, cualquier aspirante con billetes puede hacer malabares para brillar sin romper las reglas.
¿Quién fiscalizará esto? El INE, con su historial de tibieza, no inspira confianza y con las redes sociales sin legislación pues a todos los dejan con las manos libres para hacer de ese espacio su principal herramienta de difusión y propaganda.
La excusa del TEPJF seguramente será “ajustarse a la realidad”. ¿Cuál realidad? ¿La de un país donde la justicia ya es un lujo? Este disparate no democratiza nada; al contrario, pone un letrero de “prohibido el paso” a quien no tenga una fortuna personal.
Y la jerarquía en los topes —mínima para jueces de distrito, máxima para la élite de la SCJN— apesta a clasismo: la justicia de base no vale tanto como la de los intocables.
Urge que el INE y el TEPJF expliquen este atraco a la lógica. Si las elecciones judiciales se convierten en un mercado de vanidades millonarias, el 1 de junio no elegiremos jueces, sino que coronaremos a los que puedan comprar su lugar en el pedestal.
La justicia, en México, sigue teniendo un precio, y ahora es obscenamente alto… pero como siempre no para todos
