Una denuncia pública hecha por un interno del penal de Apizaco alertó las alarmas entre autoridades y organismos de derechos humanos en Tlaxcala, luego de que se difundiera un video en el que expone presuntos actos de corrupción, tortura, extorsión, amenazas de muerte e incluso la participación obligada en delitos fuera del centro penitenciario.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) confirmaron que iniciaron investigaciones paralelas para esclarecer los hechos señalados por Ventura N., quien cumple una condena por homicidio y lleva más de dos décadas privado de la libertad.
En el video, de aproximadamente cinco minutos y grabado el pasado 31 de julio desde el interior del penal, Ventura N. acusa directamente al director del Cereso de Tlaxcala de obligarlo, junto con otros internos, a cometer robos en gasolineras. También denuncia que fue presionado para reclutar a personas que asesinaran a Arturo Núñez Díaz, actual director de Prevención y Reinserción Social. El denunciante aseguró tener un video que respalda esa solicitud criminal.
Tras la publicación del video en diversos medios digitales, la SSC informó que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los señalamientos. La dependencia encabezada por Alberto Martín Perea Marrufo indicó que se inició un procedimiento interno y que se están recabando elementos para verificar la veracidad de las acusaciones.
Además, como medida de protección, Ventura N. fue colocado bajo vigilancia especial conforme al artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante los conflictos que enfrenta con otros internos en el penal de Apizaco.
En su postura oficial, la SSC se comprometió a colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables.
La CEDHT, presidida por Jakqueline Ordóñez Brasdefer, reveló que ya había iniciado un expediente de queja antes de la difusión pública del video, tras conocer la denuncia presentada por el propio interno. El organismo ha entrevistado a Ventura N. y a sus familiares, y emitió medidas cautelares para proteger su vida e integridad.
La ombudsperson destacó que la CEDHT se mantiene vigilante para evitar represalias, garantizar atención médica y asegurar que la investigación se lleve a cabo con imparcialidad y legalidad. Recalcó que la responsabilidad de implementar medidas de protección recae en las autoridades penitenciarias.
En su testimonio, Ventura N. menciona directamente a varios funcionarios: el director del Cereso de Tlaxcala, los comandantes Aristóteles N., José Manuel N. y Elionaid N., así como a una funcionaria identificada como “la licenciada Anayeli N.”. Aseguró que, tras negarse a seguir cumpliendo órdenes ilegales, fue trasladado al penal de Apizaco, donde teme por su vida: “Estoy latente de que en algún momento me van a colgar, me van a matar, pero no quiero que mi homicidio quede impune”, dijo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), encabezada por Ernestina Carro Roldán, no ha emitido ninguna postura sobre las denuncias ni ha anunciado la apertura formal de una carpeta de investigación.
