La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (Cedht), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, sigue sin cumplir su promesa de concluir las investigaciones -que llevarían a emitir la recomendación correspondiente- sobre el caso de Pedro Francisco “El inocente de Guanajuato”, quien fue víctima de una serie de vejaciones al ser acusado, detenido y encarcelado dos años en el Cereso de Apizaco por un homicidio que no cometió.
Este 19 de febrero se cumplen cinco meses de que la ombudsperson se comprometiera a que las indagatorias por la probable violación a los derechos de ese hombre concluirían en un plazo de 40 días, pero hasta la fecha no ha cumplido y tampoco ha explicado por qué la dilación.
La titular de ese organismo autónomo fue entrevistada sobre el tema por la reportera Selene Sosa para el portal Gentlx el 19 de septiembre de 2024 y desde entonces “estimó concluir sus investigaciones en 40 días aproximadamente”.
En esa nota periodística, Ordóñez Brasdefer “remarcó que (el organismo) ha llevado a cabo las investigaciones pertinentes, entre las que se incluyen colaboraciones de autoridades en el estado de Guanajuato y, por supuesto, Tlaxcala”.
“Dichas labores precisan de un tiempo y la Cedht se encuentra a la espera de que dichos tiempos se cumplan para finalmente emitir un resolutivo de la queja por el caso de Pedro Francisco N., quien estuvo privado de su libertad por dos años sin ser responsable del homicidio del que se le culpó”, consignó la reportera.
“El inocente de Guanajuato” fue detenido el 5 de septiembre de 2022 por policías de aquella entidad y un día después fue trasladado a Tlaxcala, acusado presuntamente del homicidio de Gonzalo N., ocurrido el 8 de noviembre de 2021 en la ciudad de Huamantla.
Desde el momento de la detención y durante todo el proceso jurídico -plagado de anomalías y mentiras- que enfrentó a lo largo de dos años y seis días, Pedro Francisco sufrió la violación de varios de sus derechos, al no existir ninguna prueba que lo incriminara en ese delito. Aun así, estuvo encarcelado hasta que el 11 de septiembre de 2024 fue absuelto y puesto en libertad.
A mediados de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado apeló esa resolución del Tribunal de Enjuiciamiento. Sin embargo, en su recurso la FGJ erró al referirse a la libertad de Pedro Francisco como una medida cautelar y no a una sentencia, además de pedir que ese hombre “sea ingresado nuevamente al centro de readaptación social femenil”, ya que en Tlaxcala no hay ningún penal con ese nombre, pues lo único que existe es un anexo femenil en Apizaco y Pedro Francisco nunca estuvo recluido ahí por ser hombre.
Por las anomalías en este caso, el organismo presidido por Jakqueline Ordóñez radicó la queja CEDHT/CVG/45/2022 “de la víctima oriunda de Guanajuato, privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, en contra de elementos de la policía de investigación, ministerio público, defensor de oficio -que al momento de abrir el expediente respectivo fungían como elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)- y jueza de control del Distrito Judicial de Cuauhtémoc”.
A ese hombre, todos esos servidores públicos, presuntamente le violentaron sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica; a la debida integración de la carpeta de investigación; a una adecuada y oportuna ejecución de los mandamientos judiciales, así como a recibir una defensa adecuada y a la garantía de audiencia.
Desde el 10 de octubre de 2022 la CEDHT inició la investigación correspondiente en este caso y luego personal acudió como observador a las diferentes diligencias jurisdiccionales, según la información proporcionada a este medio.
CON INFORMACIÓN DE FARO NOTICIAS
