• Asociaciones de la Sociedad civil y académicos pidieron que el sustento para la construcción de la ley, no sea responder al Plan Estatal de Desarrollo, sino a la situación de emergencia sanitaria y ambiental que se vive en Tlaxcala.
En rueda de prensa Asociaciones de la Sociedad Civil, encabezadas por el Centro Fray Julián Garcés, así como expertos, manifestaron su inconformidad contra la iniciativa de Ley para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de Tlaxcala que presentó la diputada local Marcela González, tras señalar que esta, no es garante del derecho humano, individual y colectivo al agua, saneamiento y su preservación.
A través de un escrito, que entregaron ya al Congreso local, los quejosos mostraron su preocupación, y exigieron a los legisladores que no sea aprobada, por el contrario, se realicen mesas de trabajo para integrar una ley que realmente garantice el derecho al agua en todos los sentidos.
Recordaron que fue el pasado 14 de febrero, cuando la diputada Marcela González, presentó este documento, que, entre otras cosas, no reconoce que el 80% de los municipios del estado son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, zona que ha sido reconocida como una región de emergencia sanitaria y ambiental.
En la exposición de motivos se lee que “se trata de regular el derecho humano al agua, haciéndolo compatible con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado”, lo que aseguran, contraviene el derecho al agua, pues el líquido se estaría condicionando a la existencia de infraestructura, y no al revés, como debería de ser:
“Una ley y el desarrollo de esta infraestructura para garantizar el derecho al agua” planteó Alejandra Méndez Serrando, directora del Centro Fray Julián Garcés.
De acuerdo con Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador de la UNAM, esta iniciativa viola el Derecho internacional de los derechos humanos “Si esta ley se aprueba así, sería inconstitucional e inconvencional” aseguró.
Entre los puntos que destacó se encuentran:
• La suspensión del servicio, lo cual está prohibido por el derecho internacional, pues del agua, depende la vida de las personas.
• No brindar el servicio a los asentamientos irregulares, “Si una familia se vio obligada a asentarse en una zona no regulada, eso, no le permite al estado no brindarle agua, es un crimen” acotó el experto.
• No reconoce la gestión de los Comités Comunitarios, los cuales por décadas, han garantizado el abasto desde una visión de servicio y compromiso con la población.
• No cuenta con ningún artículo sobre el derecho a la información.
• Criminaliza la manifestación de las ideas, que es un derecho que se establece en la constitución.
“Sin embargo aquí se dice que quien se manifieste en contra de esta ley, podría ser sancionado y no queda muy claro con qué penas, pero la iniciativa abre la posibilidad de utilizar el derecho penal” añadió Gutiérrez Rivas, quien se dijo preocupado por estas violaciones.
Los presentes reiteraron que, de acuerdo con la Constitución, en el artículo 4, párrafo 6, se reconoce esta garantía:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Ante esto, los integrantes de las Asociaciones Civiles solicitaron que se legisle respecto a una ley que respete esta garantía, y para lograrlo, propusieron a las autoridades foros de consulta en los que se incluya la voz de las comunidades, comités comunitarios, sociedad civil y academia.
Además, pidieron que el sustento para la construcción de la ley, no sea responder al Plan Estatal de Desarrollo, sino a la situación de emergencia sanitaria y ambiental que se vive en Tlaxcala.
