Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN) les cuesta trabajo publicar en redes lo que les afecta como partidos. No es un misterio: la narrativa de oposición se sostiene mejor cuando el foco apunta hacia afuera.
Reconocer que una terminal con permisos otorgados bajo sus gobiernos terminó en el centro de un aseguramiento de 59 millones de litros incomoda, porque obliga a mirar hacia adentro.
Del mismo modo, a ciertos medios les resulta incómodo destacar aquello que toca a sus patrocinadores o a las redes de influencia que financian su operación. El silencio, entonces, no es casual: es estrategia y cinismo.
El caso de la terminal de Gas Natural del Noroeste en La Fragua, San José Iturbide, lo ilustra con claridad. La instalación no surgió de la nada, fue autorizada en la administración panista 2012-2015, ampliada bajo el gobierno del Verde en 2015-2018 —con multa simbólica incluida y donativo aceptado—, e inaugurada en diciembre de 2017 con la presencia del secretario de Energía priista Pedro Joaquín Coldwell y el gobernador panista Miguel Márquez.
Hoy, cuando la Fiscalía cuestiona la trazabilidad de casi 60 millones de litros de hidrocarburo almacenados allí, el eco en las cuentas oficiales y en buena parte de la prensa afín es notablemente contenido. Hacen mutis.
No se trata de que el hecho carezca de gravedad, se trata de que no encaja en el guion preferido. Cuando el huachicol puede atribuirse a redes vinculadas al gobierno federal, los hashtags arden y los editoriales se multiplican.
Pero cuando el origen se remonta a decisiones tomadas por gobiernos panistas y priistas —permisos, ampliaciones, inauguraciones de alto nivel—, la cobertura se vuelve técnica, cautelosa o directamente discreta.
La empresa alega legalidad formal y producto de terceros; la investigación sigue abierta; Mientras tanto, quienes celebraron la apertura del mercado energético como logro histórico prefieren no detenerse en la falta de supervisión posterior.
La hipocresía no es patrimonio exclusivo de un bando, pero aquí se vuelve especialmente visible. Los partidos que gobernaron mientras se construía y expandía esa infraestructura callan o relativizan… ya se sabe que para ellos la verdad es irrelevante
Los medios que dependen de redes de poder económico y político eligen qué irregularidades amplificar y cuáles dejar en segundo plano. El resultado es el mismo: una sociedad que recibe información filtrada por conveniencia.
Los 59 millones de litros no son solo un volumen asegurado, son también el recordatorio material de una década de negligencia administrativa y de una cultura mediática y partidista que prefiere no publicar aquello que le resulta políticamente costoso. Tanta sincronía no es gratuita.
