La construcción de una sociedad más igualitaria no se mide únicamente por los discursos o las declaraciones de buena voluntad. Se refleja en las decisiones que toman los gobiernos para abrir espacios, garantizar derechos y visibilizar a sectores históricamente discriminados. En Tlaxcala, el Gobierno del Estado ha dado señales claras de avance en esa dirección al incorporar a integrantes de la comunidad LGBTQ+ en posiciones estratégicas de la administración pública.
La presencia de personas de la diversidad sexual en cargos de primer nivel representa mucho más que una decisión administrativa. Se trata de un mensaje político y social que reconoce la capacidad, trayectoria y talento de quienes durante décadas enfrentaron barreras para acceder a espacios de representación y toma de decisiones.
Ahí están los casos de Antonio Martínez Velázquez, quien encabeza una de las áreas más importantes de la administración estatal; de Karen Villeda, al frente de una dependencia clave para la promoción de la identidad y la expresión cultural; y de Adil Aranzubia, cuya labor se enfoca precisamente en impulsar políticas públicas orientadas al reconocimiento y protección de los derechos de la comunidad diversa.
Estas designaciones no deben entenderse como cuotas simbólicas. Son nombramientos que reflejan una visión institucional donde la orientación sexual o la identidad de género dejan de ser un obstáculo para el desarrollo profesional y el servicio público. La inclusión deja de ser un discurso para convertirse en una práctica de gobierno.
Sin embargo, mientras en el ámbito estatal se observan avances importantes, la realidad en muchos ayuntamientos de Tlaxcala sigue siendo distinta. En los gobiernos municipales persisten resistencias políticas y culturales que dificultan la incorporación de perfiles de la diversidad sexual en cargos de decisión. Aún prevalecen prejuicios que limitan la participación plena de una comunidad que forma parte activa de la vida social, económica y cultural de la entidad.
Resulta paradójico que, en una época donde el respeto a los derechos humanos es un principio constitucional y una exigencia democrática, algunos municipios continúen actuando con una visión conservadora que excluye o minimiza la participación de personas LGBTQ+ en la administración pública. La inclusión no puede depender del código postal ni de la voluntad particular de una autoridad municipal.
Los ayuntamientos son el primer contacto de la ciudadanía con el gobierno. Por ello, deberían ser también los primeros en reflejar la pluralidad y diversidad que caracteriza a la sociedad tlaxcalteca. Negar espacios a integrantes de la comunidad LGBTQ+ significa desperdiciar talento, experiencia y liderazgo, además de enviar mensajes equivocados sobre igualdad y respeto.
La experiencia del Gobierno del Estado demuestra que la inclusión es posible y que los resultados institucionales no dependen de la orientación sexual o identidad de género de los funcionarios, sino de su capacidad para desempeñar sus responsabilidades. La diversidad fortalece a las instituciones porque amplía perspectivas, enriquece el debate público y acerca al gobierno a la realidad de todos los sectores sociales.
Tlaxcala tiene la oportunidad de consolidarse como una entidad que no sólo reconoce la diversidad, sino que la integra plenamente en la vida pública. Para lograrlo, los municipios deberán abandonar inercias y prejuicios que ya no tienen cabida en una sociedad democrática. La inclusión no puede ser selectiva ni parcial. Debe convertirse en una convicción compartida por todos los niveles de gobierno.
Porque cuando una persona llega a un cargo público por su talento y capacidad, independientemente de su identidad o preferencia, gana la democracia. Y cuando las instituciones reflejan la diversidad de la sociedad a la que sirven, gana Tlaxcala.
