* Antonio Martínez Velázquez asegura que el gobierno estatal ha sostenido alrededor de 10 reuniones con el grupo inconforme y cuestiona los bloqueos carreteros y las amenazas contra funcionarios.
El Gobierno de Tlaxcala cuestionó la convocatoria a nuevas movilizaciones y bloqueos carreteros por parte de un grupo de campesinos, al sostener que sus demandas han sido atendidas mediante reuniones con funcionarios y acciones presupuestales para respaldar al sector agrícola. Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del Gobierno estatal, afirmó que existe disposición al diálogo, pero advirtió sobre posibles intereses políticos detrás de las protestas.
El funcionario señaló que las autoridades han sostenido alrededor de 10 reuniones con integrantes del grupo inconforme que encabeza la familia Taboada y aseguró que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó su pliego petitorio durante un encuentro en Calpulalpan. También sostuvo que se han canalizado apoyos para fertilizantes y otros insumos destinados a la producción agrícola.
Martínez Velázquez destacó el incremento presupuestal para el campo y, particularmente, los recursos destinados a la compra de maíz blanco durante 2026. De acuerdo con su declaración, el monto pasó de 100 millones de pesos el año anterior a entre 400 y 500 millones de pesos este año, aunque la cifra exacta deberá corroborarse con información presupuestal oficial.
El coordinador de Comunicación sostuvo que las demandas de un grupo de productores no representan necesariamente las necesidades de todo el campesinado tlaxcalteca. En ese sentido, acusó que algunos intereses particulares podrían estar intentando apropiarse de las causas del sector agrícola y politizar sus reivindicaciones con miras al próximo proceso electoral.
Respecto a los bloqueos carreteros y las movilizaciones anunciadas por el primer aniversario del movimiento, el funcionario manifestó que el Gobierno estatal respetará el derecho a la protesta pacífica, siempre que no se vulneren los derechos de terceros. Asimismo, afirmó que, según información de las autoridades, integrantes del grupo habrían amenazado con cerrar el Centro Histórico de la capital y retener a funcionarios, señalamientos que deberán contrastarse con la postura de los involucrados.
Martínez Velázquez también delimitó las responsabilidades del gobierno estatal y la Federación al señalar que algunas demandas campesinas corresponden a las atribuciones y al presupuesto del Gobierno federal. Aseguró que Tlaxcala mantendrá su disposición para actuar como mediador y facilitar el diálogo con las instancias federales, además de continuar atendiendo las peticiones que competan a la administración estatal.
Finalmente, el coordinador reiteró que la postura del gobierno es privilegiar la negociación y la construcción de acuerdos, aunque cuestionó las acciones que, a su juicio, rebasan los límites de la protesta pacífica. Las afirmaciones sobre la atención de las demandas, los apoyos entregados y los presuntos intereses políticos forman parte de la versión oficial, por lo que resulta pertinente conocer también la postura de los productores inconformes y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
