Cutberto Chávez culpa a trabajadores por retraso salarial, dijo que no presentaron declaración patrimonial

Comparte esta nota

El dirigente de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Cutberto Chávez de la Rosa, quedó en el centro de las inconformidades del magisterio tlaxcalteca luego de que, a través de mensajes difundidos en grupos de WhatsApp sindicales, atribuyera el retraso en el pago de la quincena de octubre a trabajadores que presuntamente no habrían presentado su declaración patrimonial correspondiente a 2025.

La postura del líder sindical generó cuestionamientos entre docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), quienes desde las primeras horas de este 14 de octubre reportaron la falta de depósito de sus salarios y exigieron una explicación sobre el incumplimiento de sus pagos.

En lugar de colocar en el centro de sus posicionamientos la exigencia de una solución inmediata y el pago oportuno de los salarios, el mensaje atribuido a Chávez de la Rosa apunta a responsabilizar a los propios trabajadores por el retraso, bajo el argumento de un supuesto incumplimiento administrativo. Sin embargo, algunos docentes aseguran haber presentado su declaración patrimonial en tiempo y forma, por lo que cuestionan que se utilice ese trámite para explicar la falta de sus percepciones económicas.

La controversia también pone bajo escrutinio el papel de la dirigencia sindical, cuya responsabilidad es representar y defender los derechos laborales de sus agremiados frente a las autoridades educativas. Para los trabajadores inconformes, el problema no se limita a la ausencia del depósito bancario, sino también a la falta de una postura contundente del sindicato para exigir una respuesta institucional.

A la falta de la quincena se suma otra inconformidad: docentes también reportan que no recibieron un bono que habitualmente se les otorgaba durante la primera quincena de octubre. Esta situación ha incrementado el malestar entre el personal educativo, que demanda certidumbre sobre sus ingresos y cuestiona la capacidad de respuesta tanto de las autoridades como de sus representantes sindicales.

Aunque la presentación de la declaración patrimonial constituye una obligación administrativa para los servidores públicos sujetos a ella, la explicación difundida por la dirigencia sindical no sustituye la necesidad de una aclaración oficial sobre el fundamento del retraso salarial, su alcance y las medidas adoptadas para resolverlo.

Mientras los trabajadores esperan que sus salarios sean depositados, la inconformidad crece y la dirigencia de Cutberto Chávez de la Rosa enfrenta cuestionamientos sobre si está defendiendo al magisterio o justificando las explicaciones de las autoridades estatales.