- La Fiscalía blinda información sobre la trata en Tlaxcala y oculta cuántas redes criminales operan y evita transparentar resultados
El fiscal especializado se negó a revelar cuántas organizaciones de tratantes tiene identificadas, cuántos integrantes han sido ubicados y si han logrado golpear sus finanzas. La reserva de información alimenta las dudas sobre el verdadero alcance de la estrategia contra uno de los delitos que más ha marcado a Tlaxcala.
La opacidad volvió a imponerse en la Fiscalía General de Justicia del Estado. A pesar de que Tlaxcala carga desde hace décadas con el estigma de ser uno de los principales focos de trata de personas en el país, las autoridades continúan negándose a transparentar información clave que permita conocer si realmente están debilitando a las organizaciones criminales o únicamente procesando casos aislados.
Durante la conferencia de seguridad, el fiscal especializado para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, Óscar Braulio Ángulo Terova, fue cuestionado sobre un tema fundamental: ¿cuántas redes de trata operan en Tlaxcala?, ¿cuántos tratantes tienen identificados?, ¿han logrado congelar cuentas bancarias o desmantelar las estructuras financieras de estos grupos criminales?
Ninguna de esas preguntas obtuvo una respuesta puntual.
En lugar de ello, el funcionario se limitó a informar que durante 2026 existen seis carpetas de investigación, cinco de ellas ya vinculadas a proceso —dos por pornografía infantil y tres por explotación sexual—, además de presumir un acumulado de 37 sentencias derivadas de investigaciones iniciadas en años anteriores.
Sin embargo, esas cifras dicen poco sobre el tamaño real del problema. Las carpetas judicializadas no revelan si las autoridades están golpeando a las organizaciones que operan la trata de personas, si conocen quiénes las encabezan o si han logrado afectar el dinero que financia este negocio criminal.
Cuando se le preguntó de manera directa cuántas agrupaciones criminales tiene identificadas la Fiscalía, la respuesta fue tajante:
“Ese es trabajo de investigación… no estamos en posibilidad de aportar esa información.”
Con esa frase, la Fiscalía volvió a colocar un muro de silencio sobre un tema de alto interés público.
El argumento del “sigilo de la investigación” se ha convertido en la respuesta recurrente para evitar ofrecer información que permita evaluar la eficacia de la institución. Si bien la reserva de ciertos datos es legal durante investigaciones en curso, ello no impide transparentar indicadores generales sobre la dimensión del fenómeno criminal o los avances alcanzados en el combate a las redes de trata.
La opacidad también alcanzó el aspecto financiero. Aunque el fiscal reconoció que existe coordinación con las áreas de inteligencia financiera para la reparación del daño, evitó responder si alguna cuenta bancaria ha sido congelada, si se han asegurado bienes o si las finanzas de los tratantes han sido afectadas.
En otras palabras, la Fiscalía pidió confiar en los resultados, pero se negó a mostrar los indicadores que permitan medirlos.
El mensaje enviado a las víctimas fue que la institución “seguirá trabajando” contra la trata de personas. No obstante, para las familias que durante años han exigido justicia, las promesas resultan insuficientes cuando las autoridades mantienen bajo llave la información que permitiría saber si realmente están desmantelando a las organizaciones criminales o simplemente administrando estadísticas.
En un estado cuya historia ha estado marcada por la trata de personas, el combate a este delito exige algo más que discursos y cifras aisladas. Exige transparencia, rendición de cuentas y resultados verificables. Mientras la Fiscalía continúe escudándose en el sigilo para responder preguntas básicas sobre el tamaño del problema y los golpes asestados a las redes criminales, la percepción de opacidad seguirá pesando más que los avances que presume.
