- La organización condena el discurso del gobernador Armenta Mier contra Rodolfo Ruiz, director de E-consulta, y alerta sobre riesgos para la libertad de expresión.
La organización internacional ARTÍCULO 19 exigió un alto al uso de la tribuna pública por parte del gobierno de Puebla para atacar a la prensa, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier criminalizara y estigmatizara al periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital E-consulta, durante su conferencia de prensa del 7 de abril.
En su intervención, Armenta Mier acusó a Ruiz de dirigir “una red de delincuencia cibernética” y lo calificó de “canalla” y “cobarde”, luego de que E-consulta supuestamente publicara un tuit crítico sobre eventos promovidos por el gobierno estatal. Incluso, el mandatario poblano solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar al periodista por “violencia de género” y “difamación”, lo que generó una ola de hostigamiento en redes sociales, donde se le llegó a llamar “periodista sicario”.
Ante esto, Ruiz Rodríguez negó las acusaciones, aclarando que las publicaciones en cuestión fueron realizadas por otro colaborador, y exigió una disculpa pública.
En su posicionamiento, ARTÍCULO 19 alertó que este tipo de declaraciones por parte de autoridades violan estándares internacionales de libertad de expresión y pueden incentivar agresiones contra la prensa, especialmente en Puebla, que ocupa el cuarto lugar nacional en ataques documentados contra periodistas, con 33 casos en 2024.
La organización también señaló que el gobierno poblano ha utilizado el espacio Detector de Mentiras —sin metodología clara— para estigmatizar a medios críticos, incluyendo a E-consulta, desde noviembre de 2024. Diversas organizaciones ya habían exigido su eliminación por considerarlo un mecanismo de censura.
ARTICULO 19 recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que los ataques verbales de funcionarios contra periodistas generan autocensura y constituyen una forma de censura indirecta.
Además, subrayó que el uso del poder público para desacreditar a la prensa debilita la democracia y pone en riesgo a quienes ejercen el periodismo.
