- Señaló que en los últimos años se ha agravado la violencia que las personas migrantes enfrentan durante su tránsito por nuestra entidad.
Ante los hechos sucedidos el pasado 14 de enero, cuando fueron rescatados 726 personas migrantes en una bodega localizada en el municipio de San Antonio Cuaxomulco, la Diócesis de Tlaxcala, a través de la pastoral del migrante y el albergue la sagrada familia, emitió su postura.
En un comunicado, advirtieron que este número de personas se suma a las más de 1150 que en 2023 también fueron localizadas en diferentes municipios de Tlaxcala, en circunstancias que podrían constituir tráfico de personas, de acuerdo a hechos reportados por medios de comunicación.
Agregaron, que es preocupante que estas cifras sean un indicativo de la dimensión que está tomando en nuestra entidad el tráfico de personas; al tiempo que señalaron:
“Indigna el ultraje, las condiciones crueles, inhumanas y degradantes en las que son movilizadas las personas, poniendo en riesgo su integridad al quedar expuestas a la perpetración de delitos como el secuestro, la trata de personas, la explotación sexual infantil y la desaparición de personas” se lee en el documento.
Señalaron que, en los últimos años se ha agravado la violencia que las personas migrantes enfrentan durante su tránsito por nuestra entidad.
“Consideramos que acciones como la detención migratoria implementada por el INM, además de la prohibición de los guardias de seguridad del tren para que las personas no lo aborden están forzando a las personas a exponerse y ser víctimas de este delito” se informa en el boletín.
Ante esto, solicitaron a las autoridades a mantenerse en el cumplimiento de sus funciones para garantizar la seguridad de todas las personas, incluidas las personas en movilidad, bajo estricto apego a la ley para proteger, promover y respetar los derechos humanos de todas las personas.
Además, pidieron que se abstengan de toda práctica que utilice a las personas migrantes con otros fines y protagonismos. Y que el combate al tráfico de personas no se utilice como justificación para endurecer las prácticas de detención migratoria.
“Que en las acciones que implementen los tres órdenes de gobierno para atender hechos de esta naturaleza se privilegie la seguridad y la vida de las personas migrantes víctimas de estos delitos” agregan.
Finalizaron con que, es urgente que gobierno y sociedad emprendan acciones comunitarias de prevención de éste y otros delitos, para evitar que las comunidades consientan o se involucren en estas prácticas delictivas; y, por el contrario, se fomenten comunidades de protección y acogida.
