Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó esta mañana los cuatro objetivos de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende dotarlo de “legitimidad, eficiencia, austeridad y transparencia”.
Desde Palacio Nacional, Alcalde Luján detalló que los cuatro objetivos son: una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la elección popular de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); y nuevas reglas procesales.
El primer objetivo busca reducir el número de ministras y ministros de la SCJN, de 11 a nueve integrantes; reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años; eliminar las dos salas para que la Corte sólo tenga sesiones públicas en el pleno; eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras; y ajustar la remuneración al tope establecido para el Presidente de la República.
“Se desaparecen las dos salas. Hoy la Suprema Corte trabaja en dos salas, y después trabaja en pleno. La idea es desaparecer estas salas que son muy opacas en la resolución de sus conflictos, y que solamente se sesione en pleno, a través de sesiones que deberán ser públicas, transparentes, para que todas y todos tengamos la posibilidad de conocer qué están determinando”, explicó.
La reforma plantea que en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial, y quienes ocupan actualmente algún cargo pueden participar en el proceso de elección.
La selección de las y los ministros de la SCJN, de las y los magistrados del Tribunal Electoral, y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión.
El Poder Ejecutivo podrá proponer hasta 10 candidatos; el Poder Legislativo tendrá la posibilidad de mandar cinco candidaturas por cada Cámara, por mayoría calificada; y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.
Asimismo, Alcalde Luján detalló que en el caso de las y los mil 633 magistrados de Circuito, y jueces y juezas de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo.
Durante el proceso electoral y resultado de la elección de los puestos en el Poder Judicial, el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de Ley, mientras que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organizará la elección.
Además, las campañas durarán 60 días, y no habrá etapa de precampañas; no se permitirá el financiamiento público o privado; se darán tiempos en radio y televisión para difundir sus propuestas y se harán foros de debate; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial será la instancia que resolverá las impugnaciones y declarará los resultados.
Del mismo modo, el tercer objetivo, la sustitución del CJF busca dividir sus funciones en el Tribunal de Disciplina Judicial y en el Órgano de Administración Judicial. El primero estará integrado por cinco magistrados o magistradas electas a nivel nacional por un periodo de seis años, y podrá recibir denuncias de cualquier persona e investigar a cualquier Ministro, Ministra, Magistrado, Magistrada, Juez, Jueza o personal judicial por actos contrarios a la Ley. El segundo estará integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, el Ejecutivo nombrará a una, el Senado a otra, y la SCJN nombrará tres; y será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del PJF.
Finalmente, la Secretaria de Gobernación explicó que las nuevas reglas procesales consisten en una justicia expedita, es decir, que se establezca un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales; en la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; en la justicia local consistirá en que los poderes judiciales de los estados deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, magistradas, jueces y juezas; y en que los fideicomisos del PJF se reintegren al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Por su parte, el Presidente destacó que “se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco”.
“Entonces sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Sólo así vamos a poder avanzar, y esto no es solamente un asunto que se va lograr fácilmente en el corto plazo, pero hay que empezar”, afirmó.
Asimismo, señaló que las iniciativas de reformas que presentó el pasado 5 de febrero “recogen los sentimientos del pueblo”, pues, según dijo, “son mis asesores, millones de mexicanos, que tienen mucho sentido común”.
“¿Y qué es, también entre otras cosas, la política? Juicios prácticos y el pueblo tiene mucho juicio práctico, y sabe qué conviene y qué no conviene. Entonces sí, es importante la reforma al Poder Judicial”, dijo.
“Algo que ayuda mucho es que no se mantengan los poderes, la élite, sino que se vaya purificando vida pública, que se termine con el elitismo, que la política no sea un asunto de las élites. Mandar obedeciendo al pueblo. Si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar porque vivimos en una democracia”, agregó.
CON INFORMACIÓN DE: SINEMBARGO
