La confrontación registrada en San Pedro Ecatepec, Atlangatepec, alrededor del proyecto denominado Polo de Economía Circular para el Bienestar, ha dejado de ser únicamente una discusión ambiental para convertirse en un conflicto político y social que pone a prueba la capacidad de diálogo del gobierno estatal.
Las imágenes de pobladores enfrentando a elementos de seguridad pública, los bloqueos y la resistencia comunitaria evidencian que el problema no radica únicamente en la naturaleza del proyecto, sino en la falta de confianza que existe entre una parte de la población y las autoridades encargadas de impulsarlo.
Desde el gobierno estatal se insiste en que no se trata de un basurero convencional y que el proyecto traerá beneficios económicos y ambientales. Sin embargo, para los habitantes de San Pedro Ecatepec la percepción es distinta. La sola posibilidad de que en su territorio opere un centro relacionado con el manejo de residuos ha despertado temores sobre contaminación, afectaciones a la salud y daños al entorno natural.
En medio de esta controversia surge una pregunta inevitable: ¿qué tan sólida fue realmente la construcción política del proyecto?
Hace apenas unos días, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la firma de convenios de colaboración con los 60 presidentes municipales del estado, un acto que fue presentado como una muestra de unidad institucional y respaldo a la estrategia de manejo integral de residuos. Sin embargo, los acontecimientos en Atlangatepec parecen demostrar que una fotografía con autoridades municipales no necesariamente equivale a consenso social.
La firma de un convenio con alcaldes puede facilitar procesos administrativos y generar respaldo político, pero no sustituye la consulta, la información transparente y la construcción de acuerdos con las comunidades directamente involucradas. Hoy queda claro que el aval de los presidentes municipales no fue suficiente para evitar el rechazo de una parte de la población.
La situación también coloca bajo escrutinio la capacidad de operación política de la administración estatal. Si el proyecto era considerado estratégico para Tlaxcala y para el gobierno federal, ¿por qué se llegó al punto de tener que desplegar fuerzas de seguridad para garantizar la realización de estudios de viabilidad? Cuando un proyecto público requiere policías y gases para abrir paso a los técnicos, algo falló en la comunicación o en la construcción de consensos.
Por otra parte, tampoco puede ignorarse que el debate debe sostenerse sobre bases técnicas y no únicamente sobre percepciones. El procurador de Protección al Ambiente, Iván García Juárez, recordó que la operación de cualquier relleno sanitario debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual establece criterios estrictos para su ubicación, construcción, operación, monitoreo, clausura y seguimiento posterior.
La existencia de esta normatividad es relevante porque significa que los proyectos de disposición final de residuos no pueden instalarse arbitrariamente. Deben superar evaluaciones ambientales, técnicas e hidráulicas, además de cumplir con medidas de control para evitar impactos negativos.
Sin embargo, el cumplimiento de una norma tampoco garantiza por sí mismo la aceptación social. La legalidad y la legitimidad no siempre caminan juntas. Un proyecto puede ser técnicamente viable y jurídicamente procedente, pero fracasar si la población percibe que se le excluyó de las decisiones.
El conflicto de San Pedro Ecatepec representa, en realidad, una prueba para todas las partes. Para los opositores, el reto consiste en sustentar sus preocupaciones con argumentos verificables. Para las autoridades, la obligación es demostrar con transparencia absoluta que el proyecto cumple con los estándares ambientales y que no existe riesgo para la comunidad.
Lo que está en juego no es solamente un Polo de Economía Circular. Está en juego la credibilidad de un gobierno que apuesta por una de sus obras más importantes y la confianza de una ciudadanía que exige ser escuchada antes de que las decisiones estén tomadas.
Porque en democracia, los convenios se firman en las oficinas, pero la gobernabilidad se construye en las comunidades. Y hoy, en San Pedro Ecatepec, esa gobernabilidad enfrenta una de sus pruebas más difíciles.
