En los últimos años, Tlaxcala fue presumida como uno de los estados más tranquilos del país. La narrativa oficial insiste en que aquí la violencia era menor, que la paz social prevalecía y que la coordinación institucional mantenía a salvo a las familias. Sin embargo, la realidad que hoy viven miles de familias tlaxcaltecas contrasta con el discurso oficial ante la ola de violencia e inseguridad en el estado.
Las desapariciones, los asaltos en carreteras, los robos a casa habitación, el incremento de homicidios y la creciente percepción de inseguridad han comenzado a modificar profundamente la vida cotidiana de los tlaxcaltecas. Ya no se trata solamente de cifras o estadísticas; se trata del miedo con el que muchas personas salen a trabajar e intentar hacer su vida cotidiana de manera casi normal porque el miedo acompaña a cada persona.
El problema más grave quizá no sea únicamente la violencia, sino la sensación de que las autoridades han quedado rebasadas o atrapadas en una estrategia que no da resultados, por lo menos los que desea la ciudadanía. Mientras los discursos oficiales hablan de coordinación y avances, la ciudadanía vive historias distintas en las calles, en los mercados, en las comunidades y en las redes sociales.
Resulta imposible ignorar los casos de personas desaparecidas que se multiplican en distintas regiones del estado.
Familias enteras han tenido que convertirse en investigadoras, buscadoras y voceras porque sienten que las instituciones reaccionan tarde o simplemente no reaccionan.
Cada ficha de búsqueda representa una tragedia humana y también una señal de alerta sobre las debilidades del sistema de seguridad y procuración de justicia.
A ello se suma el crecimiento de los asaltos vinculados con la compra-venta de vehículos a través de redes sociales, un delito que ha dejado víctimas mortales y que evidencia la operación de grupos delictivos cada vez más organizados.
Las carreteras que conectan a Tlaxcala con Puebla, Estado de México e Hidalgo se han convertido en focos rojos para transportistas, comerciantes y ciudadanos, los delitos continúan y no hay nadie que los frene.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la estrategia integral de seguridad?
Porque una verdadera política pública no puede limitarse a conferencias de prensa, patrullas visibles o declaraciones optimistas. Se requiere inteligencia policial, prevención del delito, fortalecimiento de ministerios públicos, inversión tecnológica, depuración de corporaciones y coordinación real con municipios y federación.
También hace falta reconocer el problema. Minimizar la violencia o intentar maquillarla políticamente sólo profundiza la desconfianza ciudadana que cada vez aumenta más. La gente no quiere propaganda; quiere resultados. Quiere sentirse segura en las calles, en el transporte, en sus negocios y en sus hogares.
Tlaxcala enfrenta hoy un momento delicado. La inseguridad dejó de ser una percepción aislada para convertirse en un tema central de conversación pública. Y cuando el miedo comienza a normalizarse, el riesgo es todavía mayor: la sociedad pierde confianza en sus instituciones y corre el riesgo de asumir la justicia por su propia mano a través de los linchamientos que son producto del hartazgo social y de la corrupción de más autoridades judiciales y policiacas.
Gobernar implica asumir responsabilidades, incluso las más incómodas. La seguridad no puede evaluarse únicamente desde escritorios o reportes oficiales; debe medirse desde la tranquilidad real de la población. Y hoy, para muchos tlaxcaltecas, esa tranquilidad simplemente ya no existe.
Finalmente, recordemos que en Tlaxcala hay presidentes municipales que son investigados por el gobierno federal y el gobierno municipal por su posible vínculo con la delincuencia organizada, reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Martin Perea Marrufo, quien valientemente admitió que en la corporación se han identificado casos de corrupción que han sido investigados y sancionados de manera administrativa y algunos de ellos enfrentan procesos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
