De los 14 desaparecidos de un albergue dependiente del DIF estatal, la secretaría de gobierno que encabeza Sergio González Hernández dijo que no están desaparecidas y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) complementó la estupidez al decir que tienen el estatus de “no localizables”. ¿en manos de quiénes estamos?
El tema es prepcupante por la falta de coordinación institucional y verbal, pero sobre todo porque de los desaparecidos al menos son seis menores de edad -además de cinco hombres y tres mujeres hondureños y guatemaltecos- los que se encuentran reportados como desaparecidos por el propio DIF estatal.
Las cosas toman matices de desesperación cuando hablamos de la falta de acciones conjuntas entre los organismos; parece que la única manera en la que se pueden coordinar o poner de acuerdo es para ocultar información o para cuidar la imagen de algunos, como es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que dirige Jakqueline Ordóñez Brasdefer.
Ese organismo que opera sin dientes y con distinción, recientemente emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tras quince meses de silencio en torno a la desaparición de una femina que derivó en la detención y muerte del presunto autor intelectual.
La CEDH socializó la recomendación 03/2023 por un caso de tortura en que incurrió personal de la Policía de Investigación y que derivó en la muerte de Juan Carlos Márquez Flores, principal sospechoso del feminicidio de la joven Ana Laura López Loaiza, ocurrido en abril de 2022.
En el documento la procuradora Ernestina Carro Roldan se quedó sin argumentos pues aunque ha reiterado que en su administración no existen practicas de tortura, la institución garante de los Derechos Humanos en la entidad dijo lo contrario.
La recomendación de la CEDH sostiene que si existió violación a las garantías de seguridad jurídica, a la vida, la integridad y seguridad personal a consecuencia de actos de tortura, inferidos para obtener información a partir de sufrimientos graves físicos.
El documento agrega que de acuerdo con el número de expediente CEDHT/PVG/43/2022, los actos de tortura ocasionaron la muerte del detenido.
Como consecuencia de esto hasta el momento seis servidores públicos han sido señalados como responsables, pero solo uno de ellos, Juan N., originario de Chiautempan, está detenido desde el año pasado y en espera de la apertura de su juicio, mientras que el resto gozan de libertad.
De la brutal golpiza recibida por el detenido, presuntamente realizada en Temetzontla, Panotla, nadie ha respondido a los familiares. De hecho los policias de investigación afirmaron que al trasladarlo del domicilio donde fue detenido a la PGJE el joven convulsionó. Hoy se sabe que eso es mentira. Fue asesinado.
Pretender que el despido del director de la Policía de Investigación, Víctor Enrique Montiel Ramos, es suficiente para calmar los ánimos es una agresión para la familia, pero asumir que la simple detención de Juan Carlos M. por ser uno de los involucrados es un mensaje de impunidad y/o complicidad, cuando los cinco restantes gozan de libertad. insisto, ¿en manos de quién estamos?
