* Las denuncias no son sentencias. Pero cuando comienzan a multiplicarse y apuntan en la misma dirección, ignorarlas deja de ser una opción, se convierten en una caja de ruido que resuena en las calles.
En Tlaxcala ya no se habla únicamente de rumores. Primero fueron trabajadores del gobierno quienes, bajo condición de anonimato y por temor a represalias, denunciaron presiones para incorporarse a actividades de promoción política para Alfonso Sánchez García.
Ahora, el escenario ha dado un giro los ciudadanos organizados convocan a documentar y denunciar cualquier caso en el que servidores públicos sean sorprendidos, presuntamente, realizando proselitismo durante su jornada laboral.
El mensaje es claro: la sociedad ha decidido vigilar al poder y denunciar los abusos y las ilegalidades.
La convocatoria del pueblo no es un asunto menor, representa un voto de desconfianza hacia quienes tienen la responsabilidad de garantizar que la administración pública permanezca al margen de los intereses político-electorales.
Cuando los ciudadanos sienten la necesidad de convertirse en observadores del comportamiento de los funcionarios, es porque consideran que las instituciones podrían no estar siendo suficientes para prevenir posibles abusos.
Mientras unos buscan posicionarse, otros denuncian que la maquinaria gubernamental podría estar siendo utilizada para favorecer a un proyecto.
Si esas acusaciones resultan falsas, la mejor forma de desmentirlas es con transparencia. Pero si existe un solo caso en el que un servidor público haya abandonado sus funciones para participar en actividades partidistas o haya sido presionado para hacerlo, el problema deja de ser político y se convierte en un asunto de legalidad y de ética pública.
La denuncia ciudadana también lanza un mensaje a los propios trabajadores del gobierno: no están solos. Les dice que cualquier presión indebida puede documentarse, que existen mecanismos institucionales para denunciar y que la sociedad está observando.
Lo verdaderamente preocupante no sería que aparezcan denuncias. Lo grave sería que las autoridades decidieran no investigarlas, y ese sería el tiro de gracia a un movimiento que traicionó al pueblo y que desde el poder se busca perpetuarse solo para beneficio de un minoritario grupo político.
La imparcialidad del servicio público no depende de la buena voluntad de quienes ejercen el poder. Debe sostenerse con reglas claras, vigilancia permanente y consecuencias para quien violen lad leyes y las normas.
Las próximas semanas serán decisivas. Si las autoridades atienden las denuncias con seriedad, enviarán una señal de que en Tlaxcala nadie está por encima de la ley.
Si optan por minimizar el problema o guardar silencio, la percepción de que la estructura gubernamental puede utilizarse con fines políticos seguirá creciendo.
Al final, esta historia ya dejó de ser únicamente sobre Alfonso Sánchez o sobre Morena. Es una prueba para las instituciones. Y también para una ciudadanía que parece haber decidido que, esta vez, no se limitará a observar desde la barrera, sino que documentará, denunciará y exigirá respuestas.
Porque en democracia, el poder debe entender que la vigilancia no sólo viene desde los órganos de control. También viene de los ciudadanos. Y esa suele ser la fiscalización más incómoda.
