La reforma a discutirse esta semana en la Cámara de Diputados expone que el INAI trasladará la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Una revisión a las observaciones que se han hecho a este organismo autónomo evidencia una serie de prácticas irregulares que contrastan con el objetivo por el que fue creado este Instituto.
Los excomisionados del INAI, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, renunciaron en 2023, cuando ocupaban otros cargos dentro del Instituto, tras revelarse que usaron la tarjeta de crédito institucional para pagar un table dance. Sin embargo, un informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2022 plantea que los derroches van más allá de los viáticos para viajes nacionales e internacionales.
Esta semana la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará la reforma enviada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea eliminar siete órganos autónomos y trasladar sus funciones a otras dependencias, entre ellos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos.
La Auditoría observó que en 2022 los comisionados abusaron del uso de viáticos para quedarse más días de lo requerido en Islas Mujeres o Baja California; detectó que hubo moches a empleados bajo la amenaza del despido, así como nepotismo y posibles aviadores en el área de limpieza.
Asimismo, de sus 975 millones de pesos de presupuesto para ese año, el INAI erogó 694 millones de pesos para salarios y prestaciones de más de 700 plazas; así como dos millones para la instalación de piso deck en un piso de su sede. También gastó otros 1.8 millones de pesos para premios por concursos como “60 segundos para informarme en Tik Tok”; y más de un millón de pesos en material con el logo del INAI.
En 2022, tras la renuncia de Ford y Monterrey, la Comisionada Presidenta era Blanca Lilia Ibarra Cadena y el resto de comisionados eran Francisco Javier Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez y Josefina Román Vergara. Ante la salida de Acuña y la falta de designación por parte del Senado, el pleno del INAI quedó sin el número suficiente para sesionar y sus labores se paralizaron hasta que se les permitió sesionar solo con cuatro comisionados.
Pero independientemente de eso, el INAI gastó 2 millones 132 mil pesos en tres autos híbridos para esos “nuevos” comisionados que nunca fueron designados, observó la ASF.
“La adquisición directa se realizó bajo la justificación de que era necesario contar con los vehículos para ser asignados a los nuevos comisionados; sin embargo, no se tenía la certeza de que los referidos comisionados serían nombrados antes del cierre del ejercicio. Asimismo, se identificó que al no haberse nombrado los referidos nuevos comisionados, dos de los vehículos se asignaron a dos de los comisionados en funciones y el restante a la Subdirección de Servicios Generales, sin que de este último se cuente con las bitácoras de uso correspondientes”.
El dictamen de iniciativa a discutirse esta semana expone que el INAI trasladará la tutela de acceso de derecho a la información y protección de datos personales a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción titulada por Raquel Buenrostro; también al Órgano de disciplina del Poder Judicial; las Contralorías del Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral (INE) en lo que compete a partidos políticos. La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a “no tocar” a los trabajadores del INAI.
“Mi aspiración en lo particular es que desde la Cámara de Diputados pueda crearse eventualmente un artículo transitorio que dé posibilidad de una instancia con autonomía técnica a fin de que las mexicanas y los mexicanos puedan seguir ejerciendo con plenitud su derecho de acceso a la información, y de manera particular sin retrasos y de manera eficaz”, dijo este martes el Comisionado presidente Adrián Alcalá.
El INAI debe garantizar que órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos entregue la información pública que se les solicite, además de garantizar el uso adecuado de los datos personales. Daniel Lizárraga, periodista coautor de las investigaciones La Casa Blanca y la negra historia de Odebrecht, tuiteó al respecto:
“Sin duda, los excesos en el INAI acabaron con su existencia. Pero, de ahí a dejar en manos del propio gobierno qué es público y qué debe reservarse es un despropósito. No hay, hasta el momento, garantía alguna de evitar que intereses dentro de las oficinas bloqueen la información. Por ejemplo: Si la Defensa Nacional considera no entregar un contrato de obra pública, el o la solicitante debe pedir al mismo Ejército que revise el caso. ¿En serio podemos confiar? ¿Cómo sería posible cuando está de por medio la cadena de mando? ¿Un coronel, por ejemplo, le podrá exigir a su general entregar los documentos?”.
VIÁTICOS PARA FINDE O LA PLAYA
Hace unos días, los comisionados del INAI propusieron a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una serie de ajustes para lograr ahorros por 300 millones de pesos, entre ellos, disminuir el pleno a tres comisionados y reducir viajes, convenciones y viáticos.
La ASF auditó el uso de los viáticos para los viajes de los comisionados en 2022 y encontró entre diversos abusos un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 30 mil 236 pesos.
Antes de esta auditoría, la Comisionada Presidenta era Blanca Lilia Ibarra Cadena y el resto de comisionados eran Francisco Javier Acuña Llamas, Julieta del Río Venegas, Adrián Alcalá Méndez, Josefina Román Vergara, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Estos dos últimos renunciaron por el mal uso de la tarjeta institucional incluso para pagar un table dance en 2014.
El “comisionado 2” (así lo identifica la Auditoría) realizó 85 viajes, de los cuales 79 fueron nacionales y seis internacionales. Para ello, el INAI gastó 864 mil pesos para viáticos, pasajes y pagos realizados a la tarjeta corporativa.
“Dentro de la comprobación, se constató que el ‘comisionado 2’ realizó comisiones al estado de Baja California en los meses de marzo, mayo y agosto de 2022, lugar donde permaneció sábado y domingo, sin que estos días estuvieran relacionados con el objeto de las comisiones a las cuales fue designado”, observó la ASF.
El INAI justificó que por el horario de conclusión de actividades y la disponibilidad de vuelos, los regresos se realizaron en las fechas antes citadas; sin embargo, no se remitió la documentación que lo acredite.
Respecto a los viajes del ‘comisionado 2’ del 24 de febrero y 9 de agosto de 2022, en Jalisco y Baja California, se constató que realizó erogaciones con recursos públicos federales correspondientes para el pago del consumo de alimentos para más de una persona.
De los meses de septiembre a diciembre de 2022, además, se identificaron 11 cargos a la tarjeta de crédito American Express institucional por un monto de 12 mil 700 pesos, mismos que no se encontraron vinculados con algún oficio de comisión autorizado, ni con los formatos de desglose en incumplimiento con los lineamientos.
Por su parte, el “comisionado 3” realizó seis viajes a España, Marruecos, Brasil, Turquía y Bélgica, en los cuales el comisionado ejerció viáticos por 331 mil 500 pesos; sin embargo, del viaje a Barcelona por 88 mil 600 pesos, sólo se remitió el pase de abordar de regreso.
Asimismo, la ‘Comisionada presidenta’ salió de viaje del 23 al 27 de febrero de 2022 a Isla Mujeres, Quintana Roo, por un monto de viáticos por 14 mil 400 pesos. Pero la ASF observó que no se acreditó que los días del 25 al 27 de febrero de 2022 fueran estrictamente necesarios para desempeñar la comisión, ya que la ficha técnica de la “Información general del evento”, invitación, mensaje y tuit del evento únicamente contempló el día 24 de febrero de 2022. De los días restantes, no se proporcionó documentación que justificara las actividades realizadas por un importe de 9 mil 700 pesos.
LOS MOCHES Y EL NEPOTISMO
La ASF aplicó 44 cuestionarios a diversos servidores públicos del INAI y entrevistas a servidores y exservidores públicos. Ahí se reveló que de 2018 a 2023, servidores públicos del INAI pedían a personal de este ente público entre el 10 al 60 por ciento de sus sueldos y demás prestaciones de forma quincenal “para continuar laborando”.
Si se denunciaba o se oponía a seguir realizando el pago de los porcentajes de sus sueldos, había despidos.
También el órgano fiscalizador detectó personal sin experiencia ni capacidad para el cargo y al menos cinco personas que no laboraba directamente en las oficinas del INAI y cuyo trabajo lo realizaban otros servidores públicos del Instituto.
Asimismo observó nepotismo, es decir, la existencia de diversos servidores públicos laborando en el INAI con lazos de parentesco que prestan sus servicios en dicha institución, desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos. Pese a ello, no se contó con un mecanismo para prevenir posibles conflictos de interés o temas de nepotismo, previo a su contratación.
Respecto a los aviadores, se detectaron en el área de limpieza. “Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 36 mil 955 pesos por pagar a 14 personas físicas con recibos de nómina que no se vincularon con la ejecución del servicio integral de limpieza en las instalaciones del edificio sede del INAI”.
PISO DECK Y PREMIOS
En 2022, el INAI ejerció 194 millones 315 mil pesos para “Servicios Generales”, la segunda partida donde más se destina el presupuesto anual después de los salarios y prestaciones.
Para materiales con la identidad gráfica del INAI se establecieron dos contratos por adjudicación directa: el OA/P017/22 por 564 mil pesos y OA/P044/2022 por 439 mil pesos, es decir, este órgano autónomo erogó más de un millón de pesos para materiales con su logo.
En tanto, en año de pandemia, para mantenimiento ejerció 2 millones 365 mil pesos para “Suministro e instalación de piso DECK en el acceso principal y andador del quinto piso del edificio sede del INAI”.
Asimismo, de los 5 millones 509 mil pesos ejercidos para “congresos y convenciones”, el INAI reportó un gasto de un millón 284 mil pesos para el servicio integral de eventos de todo el año 2022 del Sistema Nacional de Transparencia consistente en el servicio de cafetería y alimentos, servicio de transporte, hospedaje y renta de sedes de eventos en hoteles, mobiliario y equipo (sillas, sillones, sala tipo lounge, tablón, periqueras, tarima, pódium), equipo de audio y video, así como servicios profesionales de intérprete del lenguaje de señas mexicanas y estenógrafo.
Finalmente, en el capítulo de transferencias, el INAI gastó 3 millones 648 mil pesos en la partida “Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil”. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación identificó que un millón 887 mil pesos se destinó al pago de premios a los ganadores de 10 concursos que se llevaron a cabo en el 2022.
“Se entregó a los ganadores un total de un millón 173 mil pesos por medio de cheques, y en los 5 concursos restantes los premios por 713 mil pesos se entregaron en especie, los cuales consistieron en teléfonos celulares, tabletas electrónicas, cámaras fotográficas, libros y entradas a parques de diversión”, fiscalizó la ASF.
Y el restante un millón 761 mil pesos corresponde a las aportaciones efectuadas a 12 asociaciones civiles dentro del “Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso de a la Información y Protección de Datos Personales” (PROSEDE).
Con información de Sin Embargo
