* Del Autotrén al Polo de Economía Circular, pasando por el Parque de la Juventud y la controversia por el basurero de Xotla, la administración estatal enfrenta una pregunta incómoda: ¿tiene capacidad para gobernar, construir consensos y concretar sus propios proyectos?
En política, anunciar es relativamente fácil; gobernar implica convencer, negociar, planear y, sobre todo, cumplir. Y es precisamente en esa diferencia donde el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros comienza a enfrentar un problema de credibilidad ante los tlaxcaltecas: varios de sus proyectos emblemáticos han terminado atrapados entre el rechazo social, los cuestionamientos ambientales, los recursos legales y la falta de condiciones para concretarse.
La pregunta ya no es cuántos proyectos puede anunciar la gobernadora, sino cuántos puede terminar sin enfrentarse con las comunidades a las que supuestamente pretende beneficiar. Porque cuando una administración necesita recurrir a explicaciones, modificaciones o justificaciones cada vez que la sociedad cuestiona sus decisiones, el problema deja de ser exclusivamente técnico y adquiere una dimensión política.
El caso más reciente es el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, proyectado en Atlangatepec. Una iniciativa federal que pretendía convertirse en una alternativa para el tratamiento y aprovechamiento de residuos, pero que terminó sin condiciones para instalarse en la ubicación originalmente propuesta, ante la oposición de habitantes de San Pedro Ecatepec y comunidades aledañas.
Más allá de las diferencias sobre sus beneficios ambientales, el episodio exhibió una debilidad del gobierno estatal: su incapacidad para construir previamente las condiciones políticas y sociales necesarias para sacar adelante un proyecto de esa magnitud. ¿De qué sirve presentar una iniciativa como estratégica si antes no se consiguió explicar, convencer y generar confianza entre quienes vivirían con sus consecuencias?
La respuesta oficial ha buscado colocar parte de la responsabilidad en la desinformación y en intereses particulares. Sin embargo, esa explicación no resuelve el fondo del problema. Si existían argumentos técnicos y ambientales suficientes para defender el proyecto, ¿por qué no se logró construir una interlocución efectiva con la población? ¿Por qué el gobierno permitió que la inconformidad creciera hasta comprometer la viabilidad de la iniciativa?
El segundo expediente es el Parque de la Juventud, en la capital del estado. La llamada Ciudad de la Juventud fue presentada como una intervención de gran alcance, con una inversión proyectada cercana a los 122 millones de pesos. Sin embargo, la oposición de colectivos ciudadanos y ambientalistas, así como los recursos legales promovidos para proteger el espacio, terminaron por frenar su ejecución en los términos originalmente planteados.
La gobernadora reconoció que el proyecto no se realizaría durante 2026 y que tendría que someterse a modificaciones para intentar retomarlo posteriormente. Otra vez, una iniciativa anunciada como una apuesta de transformación terminó condicionada por la falta de consenso y los cuestionamientos sobre sus posibles afectaciones ambientales.
¿No era responsabilidad de las autoridades escuchar primero a los ciudadanos, presentar los estudios correspondientes y garantizar que una inversión de esa magnitud no pusiera en riesgo el patrimonio ambiental de la capital?
El Autotrén representa otro capítulo de esta historia. El proyecto de movilidad impulsado por el Ejecutivo estatal encontró resistencia entre vecinos de la capital, quienes recurrieron a instancias judiciales para cuestionar su construcción, particularmente por sus posibles impactos urbanos y ambientales. En 2023 se documentaron suspensiones judiciales provisionales derivadas de los amparos promovidos por habitantes.
El gobierno defendió la iniciativa, pero el conflicto dejó una interrogante que sigue siendo pertinente: ¿por qué proyectos que supuestamente buscan mejorar la calidad de vida terminan enfrentando a las autoridades con los propios ciudadanos?
Y ahora aparece el caso de Xotla, donde la controversia por un posible sitio de disposición de residuos ha vuelto a colocar al gobierno estatal frente a un problema que no ha conseguido resolver: la basura. La empresa Toros Tlaxco, S.P.R. de R.L., ha señalado que no vendió el predio al gobierno y que el único acuerdo existente correspondía a un estudio privado para un proyecto de economía circular, no a la instalación de un relleno sanitario.
Las comunidades también han manifestado su preocupación y rechazo ante la posibilidad de convertir la zona en un sitio de disposición de residuos. El asunto plantea una contradicción difícil de ignorar: después de no conseguir consolidar el Polo de Economía Circular en Atlangatepec, Tlaxcala continúa enfrentando conflictos sobre dónde y cómo resolver el problema de la basura.
No se trata de afirmar que toda inconformidad ciudadana debe detener una obra pública. Tampoco de sostener que cualquier proyecto cuestionado carezca de utilidad. Se trata de exigir que las autoridades tengan la capacidad de justificar sus decisiones, acreditar su viabilidad y construir acuerdos legítimos antes de comprometer recursos públicos y expectativas sociales.
Porque el problema de fondo no es solamente el destino de un parque, la construcción de un sistema de transporte o la ubicación de una instalación para tratar residuos. El problema es la forma de gobernar.
Lorena Cuéllar llegó al gobierno con la promesa de transformar Tlaxcala. Sin embargo, la transformación no puede medirse por el número de anuncios, renders, conferencias de prensa o inversiones proyectadas. Debe medirse por resultados verificables, obras concluidas, beneficios para la población y decisiones tomadas con responsabilidad.
Y aquí aparece una pregunta que el gobierno estatal tendría que responder: ¿cuánto dinero público se ha destinado a estudios, proyectos ejecutivos, asesorías, permisos y preparativos de iniciativas que terminaron suspendidas, modificadas o descartadas? ¿Quién responde por esos recursos? ¿Qué funcionarios fallaron en la planeación y en la construcción de acuerdos?
Los tlaxcaltecas tienen derecho a conocer las respuestas. No basta con responsabilizar a los opositores, señalar intereses políticos o atribuir los conflictos a campañas de desinformación. Un gobierno con capacidad política debe saber escuchar las críticas, anticipar los problemas y corregir sus errores.
Al final, la credibilidad de una administración no se construye con discursos, sino con resultados. Y cuando los proyectos se acumulan en la lista de los que no pudieron concretarse, la confianza pública también comienza a desgastarse.
Lorena Cuéllar todavía tiene tiempo para demostrar que su gobierno puede hacer algo más que anunciar proyectos. Pero el tiempo político se agota y los tlaxcaltecas tienen una pregunta legítima: ¿cuántas veces más tendrán que escuchar que una obra se detuvo, que un proyecto se modificará o que habrá que buscar otra alternativa?
Porque gobernar no es imponer, anunciar ni justificar. Gobernar es tener la capacidad de hacer que las cosas sucedan, con legalidad, transparencia y legitimidad social.
