Por años, los gobiernos han insistido en que existen espacios para todas las expresiones sociales, culturales y recreativas, se han desgarrado la garganta en gritar a los cuatro vientos que existe libre manifestación y libertad de expresión. Sin embargo, cuando llega el momento de demostrarlo en los hechos, las prioridades quedan al descubierto. Lo que hoy ocurre en la capital de Tlaxcala con el plantón de maestros del Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala (MBMT), que respaldan las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es un ejemplo que obliga a reflexionar sobre el mensaje que las autoridades están enviando a la ciudadanía.
Mientras docentes mantienen una protesta permanente en el zócalo capitalino para exigir atención a sus demandas laborales y educativas, desde el gobierno estatal existe una preocupación mayor: garantizar las condiciones para la instalación de pantallas y espacios destinados a la transmisión de los partidos de futbol de la selección mexicana. ¡Al pueblo pan y circo!
La discusión no es si los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un espectáculo deportivo. Por supuesto que lo tienen. El problema surge cuando el entretenimiento parece colocarse por encima del derecho a la protesta social. Cuando se plantea mover, reducir o limitar un plantón para facilitar actividades recreativas, el mensaje es claro: el espectáculo importa más que la inconformidad de quienes exigen ser escuchados ante un reclamo legítimo.
Resulta preocupante siendo la plaza pública un espacio para manifestarse y celebrar, ahora se pretenda relegarlos para dar paso a eventos que, aunque populares, son temporales y prescindibles. La protesta de los maestros responde a demandas concretas relacionadas con la educación y los derechos laborales; los partidos de futbol, por emocionantes que sean, duran apenas un par de horas.
La plaza pública no es únicamente un espacio para la celebración. También es el escenario donde se expresan las inconformidades, donde la ciudadanía ejerce su derecho a disentir y donde los gobiernos tienen la obligación de escuchar. Desplazar a los manifestantes porque resultan incómodos para una transmisión masiva equivale a privilegiar la imagen sobre el fondo, la distracción sobre la discusión de los problemas reales.
Más grave aún es que la reubicación del plantón frente a la subsecretaría de gobernación se produzca bajo el argumento de una orden superior del gobierno o por razones de logística. La democracia no debería funcionar con permisos selectivos para ejercer derechos. Si el gobierno presume apertura al diálogo y respeto a las libertades, tendría que garantizar la convivencia de ambas actividades sin sacrificar ninguna.
En tiempos donde las redes sociales y los grandes eventos suelen acaparar la atención pública, los gobernantes corren el riesgo de confundir popularidad con gobernabilidad. Instalar pantallas gigantes puede generar fotografías atractivas y momentos de convivencia, pero no resuelve conflictos ni atiende demandas legítimas. Escuchar a los maestros, dialogar con ellos y buscar soluciones sí contribuye a fortalecer la vida democrática.
El futbol pasará. Los partidos terminarán. Las pantallas se apagarán. Lo que permanecerá será la percepción ciudadana sobre cuáles fueron las verdaderas prioridades de las autoridades. Y hoy, para muchos, la imagen que se proyecta es la de un gobierno que parece más interesado en acomodar el espectáculo que en atender la voz de quienes protestan para alcanzar soluciones para las familias tlaxcaltecas.
