El municipio de Contla de Juan Cuamatzi vive un momento de tensión política que pone en evidencia las dinámicas de poder y las prácticas que desafían los principios democráticos. La reciente suspensión del presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi, por decisión del cabildo encabezado por la presidenta municipal Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, no solo ha desatado una controversia legal, sino que también ha reavivado el debate sobre la influencia del exalcalde Eddy Roldán en la gestión municipal.
Aunque Ana Ivonne Roldán ostenta la constancia de mayoría como presidenta constitucional para el periodo 2024-2027, las percepciones locales y los hechos recientes sugieren que la sombra de su hermano, Eddy Roldán, continúa proyectándose sobre la administración, generando cuestionamientos sobre la autonomía de la actual gestión y la legalidad de sus decisiones.
Eddy Roldán Xolocotzi, quien fungió como presidente municipal de Contla de 2021 a 2024, dejó un legado marcado por logros en obra pública, como la construcción del mercado municipal, pero también por señalamientos de autoritarismo y centralización del poder. Su salida del cargo en marzo de 2024, tras solicitar licencia para contender por una diputación local por el Partido del Trabajo (PT), dio paso a la asunción de Ana Ivonne Roldán como alcaldesa interina, y posteriormente como presidenta electa tras ganar las elecciones de 2024 con una ventaja significativa.
Sin embargo, la narrativa local, respaldada por críticas en medios y redes sociales, apunta a que Eddy Roldán no se ha desvinculado del poder municipal, sino que opera como una figura influyente detrás de las decisiones de su hermana. Esta percepción se refuerza con antecedentes que vinculan a Eddy Roldán con personajes cuestionados durante su gestión, como Luis N., un supuesto miembro de su equipo de seguridad detenido por portación ilegal de arma de fuego.
Los habitantes de Contla, según testimonios, ven en la actual administración una continuidad de las prácticas de Eddy, lo que ha alimentado la idea de una “herencia” política que va más allá de lo formal. La reciente controversia en torno a la suspensión de Alejandro Flores Xelhuantzi ofrece un caso paradigmático para analizar esta dinámica.
La suspensión de Alejandro Flores Xelhuantzi, aprobada el 1 de agosto de 2025 por el cabildo con ocho votos a favor y una abstención, ha sido calificada por el afectado como una “vendetta política” motivada por su falta de alineación con los intereses de la alcaldesa. La medida, propuesta por Ana Ivonne Roldán durante la décima tercera sesión ordinaria, se justificó bajo el argumento de que Flores generaba “inestabilidad social”, aunque no se presentaron pruebas concretas ni se siguió un procedimiento legal claro.
La grabación de la sesión, disponible en la página oficial del ayuntamiento, revela una decisión apresurada: la alcaldesa propuso inicialmente una suspensión de 30 días, que de inmediato amplió a 90, sin citar normas o fundamentos jurídicos. Este episodio, documentado por La Jornada de Oriente, pone de manifiesto varias irregularidades. Primero, la falta de notificación previa y de un proceso que garantizara el derecho de defensa de Flores Xelhuantzi viola principios constitucionales y tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen el derecho a ser votado y a ejercer un cargo público sin restricciones arbitrarias.
Segundo, la intervención de funcionarios municipales, encabezados por el síndico Gilberto Flores Maldonado, para cambiar cerraduras en la presidencia de comunidad sin mandato judicial, refuerza la percepción de un abuso de poder. Finalmente, las palabras de la alcaldesa durante la sesión, al condicionar la participación de Flores en el cabildo a que “retome un poquito de conciencia”, sugieren un trasfondo personal más que institucional. O te sumas o te jodes, pa pronto.
Por otro lado, la administración de Ana Ivonne Roldán ha defendido la suspensión como una medida en defensa de la equidad de género, argumentando que Flores incurrió en violencia política de género al cuestionar la autoridad de la secretaria del ayuntamiento, Itzel Galicia Juárez, durante una sesión. Según reportes de distintos medios el incidente detonante fue una declaración de Flores que minimizó el rol de Galicia Juárez, seguida de su abandono de la sesión.
La alcaldesa ha defendido esta acción como un paso hacia la protección de las mujeres en la función pública, un discurso que ha sido bien recibido por colectivos locales, pero que choca con las críticas de Flores, quien sostiene que la acusación es un pretexto para marginarlo políticamente.
El caso de Flores Xelhuantzi no puede analizarse sin considerar el contexto más amplio de la influencia de Eddy Roldán. Aunque formalmente separado del cargo, su presencia en la campaña de Ana Ivonne y su activa participación en eventos públicos, como el recorrido por la Sección Séptima en mayo de 2024, sugieren que sigue siendo una figura clave en la toma de decisiones.
La suspensión de Flores Xelhuantzi, en este sentido, podría interpretarse como un intento de consolidar el control sobre las presidencias de comunidad, que en Contla han mostrado resistencia a la centralización del poder municipal. Flores, al no alinearse con los intereses de la alcaldesa, se convirtió en un obstáculo para una gestión que busca uniformidad. La falta de transparencia en el proceso de suspensión, sumada a los antecedentes de “rebeldía institucional” de Ana Ivonne Roldán —como su desacato a sentencias del TET en 2024 para asignar personal a la presidencia de comunidad de Flores— apunta a una administración que prioriza el control político sobre el respeto a la legalidad.
El juicio ciudadano promovido por Flores Xelhuantzi ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) será un punto de inflexión. Si el TET declara la nulidad de la suspensión, como lo exige Flores, no solo se restituiría su cargo, sino que se sentaría un precedente sobre los límites del poder municipal en Contla. La intervención de la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, Sandra Aguilar Vega, quien calificó la suspensión como ilegal y sugirió responsabilidades para los miembros del cabildo, añade presión a la resolución del caso.
Sin embargo, la lentitud del TET en casos previos, como el desacato de Roldán a sentencias de 2024, genera incertidumbre sobre la efectividad de la tutela judicial.
A nivel comunitario, la organización de los vecinos de la Segunda Sección para respaldar a Flores Xelhuantzi refleja un creciente malestar con las prácticas autoritarias del ayuntamiento.
Este movimiento podría escalar si la percepción de que Eddy Roldán sigue ejerciendo influencia se consolida, alimentando un discurso de resistencia contra la “dinastía” Roldán. La narrativa de equidad de género promovida por Ana Ivonne, aunque válida en su intención, corre el riesgo de ser vista como una herramienta política si no se acompaña de procesos transparentes y legales.
Contla se encuentra en un momento crítico. La gestión de Ana Ivonne Roldán, aunque legítima por el voto popular, enfrenta el desafío de demostrar su autonomía frente a la figura de su hermano Eddy Roldán, cuya influencia persiste en la percepción pública y en las dinámicas políticas locales. El caso de Alejandro Flores Xelhuantzi no es solo una disputa administrativa, sino un reflejo de las tensiones entre el poder municipal y las comunidades, entre la legalidad y el autoritarismo, y entre la narrativa de equidad y las prácticas de control político.
Para que Contla avance hacia una gobernanza democrática, es imperativo que las decisiones del cabildo se ajusten al marco legal, que el TET actúe con celeridad y que la administración de Ana Ivonne Roldán priorice la transparencia sobre las lealtades familiares o partidistas. La resolución del juicio de Flores Xelhuantzi será un termómetro de la salud democrática de Contla y un indicador de si la alcaldesa puede escapar de la sombra de su hermano para construir un legado propio.
