Uno no puede evitar preguntarse por qué Estados Unidos eligió precisamente este momento para destapar una acusación formal de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales.
La opinión pública se divide entre quienes gritan “narco-gobernador morenista” y quienes responden “vendepatrias panista. Los que estamos en medio vemos para ambos lados con desilusión y miedo.
Nadie duda que Rocha Moya sea un miembro destacado de los grupos delincuenciales que coexisten en Sinaloa, motivos hay muchos, pero no deja de ser curioso el momento que se eligió para exponerlo.
El Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York esperó hasta el 29 de abril de 2026 para hacer pública una imputación que, según sus fiscales, involucra a Rocha en una conspiración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa
Protección política a cambio de sobornos, impunidad para el trasiego de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia el norte, e incluso reuniones directas donde el gobernador habría prometido blindaje operativo.
La visa de Rocha ya había sido revocada desde 2025, pero la bomba judicial llegó justo cuando el Senado de la República mantenía en el centro de la atención el caso de Maru Campos, la panista, la que defendió Ricardo Anaya, la gobernadora de Chihuahua, cuestionada por permitir o tolerar la presencia de agentes estadounidenses —presuntamente de inteligencia— operando en territorio mexicano sin la debida coordinación federal.
El timing resulta demasiado oportuno como para atribuirlo solo a la casualidad. Mientras Morena y sus aliados en el Senado exigían explicaciones a Maru Campos por un operativo en la sierra chihuahuense que terminó con la muerte de dos estadounidenses y expuso posibles violaciones a la soberanía, Washington soltó su acusación contra un gobernador morenista clave, uno de los estados más simbólicos del poder del narco en México.
Rocha Moya rechazó de inmediato las imputaciones, calificándolas de calumnia y de ataque directo contra la Cuarta Transformación, no solo contra su persona.
Desde la óptica oficialista, esto confirma una estrategia de presión injerencista por parte de Estados Unidos, que nunca ha ocultado su frustración con la política de seguridad mexicana frente al fentanilo que sigue matando a sus ciudadanos.
Sin embargo, más allá de las narrativas partidistas, lo que queda flotando es un olor desagradable a distracción mutua.
El caso de Rocha toca la herida más profunda de Sinaloa: la dificultad histórica de distinguir dónde termina el poder formal del Estado y dónde comienza el poder real del cártel que lleva el nombre del estado.
Acusar a un gobernador en funciones de haber recibido apoyo delictivo para llegar al cargo y de haber correspondido con protección institucional es extremadamente grave, y merecería una investigación seria, con evidencia compartida y no solo comunicados desde Nueva York.
Al mismo tiempo, el señalamiento contra Maru Campos plantea una cuestión igualmente incómoda sobre la soberanía: ¿hasta qué punto es aceptable que gobernadores fronterizos, desesperados por resultados en seguridad, toleren o faciliten operaciones de agencias extranjeras sin pasar por los canales federales establecidos por la Constitución?
Ambos escándalos revelan la misma fragilidad estructural. México sigue sin tener el monopolio efectivo de la violencia en regiones enteras, lo que obliga a pactos pragmáticos o a convivencias peligrosas con el crimen organizado.
Al mismo tiempo, la asimetría de poder con Estados Unidos hace que la “cooperación” en inteligencia y antidrogas se convierta con frecuencia en un terreno resbaladizo donde la soberanía se negocia en la práctica aunque se defienda con discursos en la teoría.
Unos son acusados de pactar con narcos porque el Estado no puede solo; otros, de pactar con gringos porque la capacidad operativa mexicana resulta insuficiente.
El resultado es predecible y estéril: la opinión pública se divide entre quienes gritan “narco-gobernador morenista” y quienes responden “vendepatrias panista”.
Mientras tanto, el fentanilo continúa fluyendo, la violencia persiste en Sinaloa y Chihuahua, y los problemas de fondo —impunidad, debilidad institucional y dependencia bilateral— quedan sepultados bajo la polarización del momento.
