En Tlaxcala, como en Puebla, los gobiernos estatales han aprendido a presentar proyectos con nombres atractivos. Hoy no se habla de un relleno sanitario; se habla de un “Polo de Desarrollo para la Economía Circular del Bienestar”. La frase suena moderna, sustentable e incluso prometedora. Sin embargo, detrás de los términos técnicos y los discursos oficiales, los habitantes de San Pedro, en el municipio de Atlangatepec, se hacen una pregunta: ¿quién cargará con las consecuencias de este proyecto que recibirá la basura sacrificando la salud del pueblo para obtener millones de pesos en ganancias?
Desmenucemos el proyecto, la economía circular es, en teoría, un modelo que busca reducir residuos, reciclar materiales y aprovechar recursos para generar riqueza. Nadie podría estar en contra de un esquema que contribuya al cuidado del medio ambiente. El problema surge cuando ese discurso se utiliza para justificar instalaciones que representan riesgos sanitarios para la salud, contaminación del agua, el suelo, el aire y la calidad de vida de las comunidades cercanas con consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
El proyecto contempla inversiones, generación de empleos y aprovechamiento de residuos. Pero los pobladores observan otra realidad. Ven miles de toneladas de basura que generarán contaminación de mantos acuíferos, la generación de lixiviados, los malos olores, la proliferación de fauna nociva y el incremento del tráfico pesado.
No se trata de un temor infundado. En distintas regiones de México existen antecedentes de rellenos sanitarios que son administrados por particulares y que terminaron convirtiéndose en focos de conflicto social, ambiental y sanitario. La experiencia demuestra que cuando la supervisión falla o cuando la capacidad de operación es rebasada, quienes pagan el precio son los habitantes que viven alrededor pues la salud se deteriora rápidamente debido al foco de contaminación.
Aun cuando el proyecto sigue siendo analizado por el Gobierno de México, la comunidad ya manifestó su rechazo. La oposición ciudadana no surge por capricho ni por una resistencia irracional al desarrollo. Surge porque las personas entienden que una decisión de esta magnitud puede afectar severamente la salud y la calidad de vida de varias generaciones.
La pregunta de fondo es si realmente existe una consulta social amplia, transparente e informada. Porque el desarrollo no puede imponerse desde un escritorio ni construirse ignorando la voz de quienes habitan en la comunidad. Si un proyecto es tan benéfico como se afirma, debería ser capaz de convencer con evidencia, estudios ambientales y garantías claras a la población.
De lo contrario, el llamado Polo de Desarrollo para la Economía Circular del Bienestar corre el riesgo de ser visto por los ciudadanos como lo que muchos ya consideran: un negocio redondo para unos cuantos, financiado con la tranquilidad, la salud y el bienestar de toda una comunidad.
San Pedro ha levantado la voz. Ahora corresponde a las autoridades escucharla. Porque el verdadero desarrollo no consiste en encontrar un lugar donde depositar los problemas de otros municipios, sino en construir soluciones que respeten el medio ambiente y a las personas que viven en él. El progreso que sacrifica la salud de una comunidad difícilmente puede llamarse progreso.
Si el proyecto lo impondrán en Tlaxcala, deberán buscar un sitio que dañe lo menos posible la salud, que contamine menos y que sea realmente benéfico, porque no hay nada más valioso que la vida y la salud, o acaso el dinero tiene un valor superior?
