Para el ejercicio fiscal 2025, el presupuesto propuesto para el Congreso del Estado de Tlaxcala incluye una partida de 95 millones 212 mil 800 pesos destinada a “ayudas sociales”, distribuidos entre los 25 diputados locales, lo que les otorga a cada uno un monto individual de 3 millones 808 mil 512 pesos.
Esta asignación forma parte del anteproyecto de gasto que los legisladores han integrado en su iniciativa de presupuesto, la cual contempla la atención de diversas necesidades sociales, tales como la entrega de medicamentos, aparatos ortopédicos, apoyos para actividades culturales y festividades comunitarias.
Aunque la Constitución de Tlaxcala no faculta específicamente a los diputados para entregar ayudas sociales, el Poder Legislativo ha incluido esta partida en el presupuesto anual, con el argumento de que los legisladores deben atender las demandas sociales de sus distritos, en este sentido, los recursos asignados también se utilizan para cubrir solicitudes relacionadas con eventos como el Día del Niño, el Día de la Madre y otras festividades importantes en la región.
El paquete económico enviado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros establece que, del total de 381 millones 709 mil 394 pesos destinados al Congreso local, una parte significativa se destina a esta partida de ayudas, sin embargo, los diputados han expresado que la cifra es insuficiente para satisfacer la alta demanda de apoyos, ya que los recursos no solo cubren gastos personales o de salud, sino también los requerimientos para organizar eventos sociales y culturales.
Por otro lado, el presidente del Comité de Administración del Congreso, Vicente Morales Pérez, ha asegurado que cada gasto realizado con estos fondos es justificado mediante facturas y otros comprobantes fiscales. No obstante, las reglas que rigen el uso de este fondo no son claras, ya que no se han publicado oficialmente, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la ley no otorga a los legisladores la facultad de distribuir recursos para artículos como despensas, juguetes o medicamentos, una función que, según el organismo, debería corresponder al Poder Ejecutivo.
Este escenario ha generado un intenso debate sobre el uso y la legitimidad de las ayudas sociales proporcionadas por los diputados, quienes continúan argumentando que estas asignaciones son necesarias para atender las demandas de sus electores.
