Sin pensar, ni meditar, simplemente por obedecer una instrucción que viene “desde arriba”, como si se tratara de los viejos tiempos del régimen autoritario, los diputados locales de Tlaxcala han dado un peligroso paso al aprobar, sin discutir ni chistar, una reforma a la Ley de Deuda Pública del estado.
Los defensores de la iniciativa alegan que la deuda pública, gestionada “responsablemente”, puede ser una herramienta poderosa para impulsar proyectos de infraestructura, mejorar servicios públicos y fomentar el crecimiento económico en los municipios.
En un estado con recursos limitados como Tlaxcala, el acceso a crédito puede ser la clave para destrabar el potencial de cada comunidad.
El problema es que se confiaría en personajes que, históricamente, se han caracterizado por una ineficaz e ineficiente gestión de los recursos que se les asignan.
En la revisión de la cuenta pública de los años recientes, los municipios son los que han presentado más casos de uso indebido del erario, desviando cientos de millones de pesos. ¿Qué se podría esperar si se vuelan los candados que les impiden contratar deuda?
El dictamen aprobado por el Congreso, que responde a una iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo, arguye que la reforma busca aumentar “los recursos con que cuentan las autoridades municipales y el Estado para impulsar el desarrollo de obras, acciones sociales básicas e inversiones en beneficio de sectores de la población que se encuentren en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.
Sin embargo, la historia nos ha enseñado que la deuda pública también puede convertirse en una pesada carga para las generaciones futuras. La falta de planificación, la corrupción y el uso discrecional de los recursos pueden llevar a un espiral de endeudamiento que hipoteque el futuro de los tlaxcaltecas.
Ejemplos de malos manejos abundan. Han sido cientos de municipios y de estados que han contratado deuda pública, que en la mayor cantidad de casos se destinaron para el gasto corriente, es decir, para pagar nóminas, para contratar a los cuates, o para gastarlo en todo, menos en la obra pública o en el mejoramiento de los servicios otorgados a la población.
Generaciones enteras han quedado comprometidas a la desamortización de esos empréstitos.
Aquí le dejo unos nefastos ejemplos de endeudamiento irresponsable. Sin duda, la joya de la corona la representa el estado de Coahuila, que durante los sexenios de los hermanos Moreira, sumados a los del también priista Miguel Ángel Riquelme Solís, se endeudó de manera por demás preocupante.
El estado adquirió una deuda de más de 36 mil millones de pesos entre 2005 y 2011, en gran parte a través de esquemas de financiamiento opacos y con altas tasas de interés.
Esta deuda ha generado una pesada carga financiera para el estado y ha limitado su capacidad para invertir en otros rubros.
De hecho, cuando Riquelme Solís dejó el cargo el año pasado, si hubiera tenido que pagarse la deuda pública de Coahuila en ese momento, cada uno de los pobladores de la entidad tendría que haber desembolsado 11 mil 973 pesos.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refirieron que al cierre de 2017, cuando tomó posesión Miguel Ángel Riquelme Solís, la deuda pública del estado ascendía a 36 mil 270 millones de pesos. Como sabe toda persona que ha contratado un préstamo, el verdadero problema es el pago de los intereses.
En el caso de ayuntamientos, por ejemplo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2013, el ayuntamiento adquirió una deuda de más de 2 mil millones de pesos para financiar proyectos de infraestructura.
Sin embargo, muchos de estos proyectos no se completaron o resultaron ser inviables, dejando a la ciudad con una pesada carga financiera.
En 2016, el ayuntamiento de Tijuana contrató una deuda de más de 600 millones de pesos para pagar laudos laborales.
Esta deuda se adquirió sin un plan claro para generar los ingresos necesarios para pagarla, lo que ha generado problemas financieros para la ciudad.
Guadalajara, en 2018, contrató una deuda de más de 1,500 millones de pesos para financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Sin embargo, la deuda se adquirió sin un análisis adecuado de la capacidad de pago del municipio, lo que ha generado preocupaciones sobre su sostenibilidad.
Quien de inmediato se posicionó al respecto fue el ex gobernador del estado y ahora senador de la República, José Antonio Álvarez Lima, en cuyo sexenio se estableció un candado para impedir el endeudamiento del estado y de sus municipios.
Ese candado había sido respetado por todos sus sucesores, que entendieron el peligro que representa la contratación de deuda, si se carece de disciplina fiscal o de suficientes avales, como es el caso de Tlaxcala y sus municipios, que dependen casi en su totalidad de las transferencias hechas por la Federación y que además tienen un bajísimo nivel de recaudación propia.
“Las deudas, tanto para los gobiernos como para las personas, son fenómenos que lastiman mucho la vida de las personas y la vida de los gobiernos”, me confió durante una entrevista este mismo jueves.
Tirando de historia, recalcó que la primera invasión francesa, ocurrida en 1838, fue con ese pretexto, de que México estaba endeudado.“Hasta hoy, el estado ha caminado sin deuda y el nivel de desarrollo es similar o mejor que en los estados que se han endeudado, porque muchas veces la deuda solo ha servido para que los funcionarios se corrompan”, alertó.
Por tal razón, llamó a los diputados locales a que organicen una consulta para preguntarle a los tlaxcaltecas si están de acuerdo en la contratación de deuda. La propuesta debe tomarse muy en serio, ante el riesgo de que se hipoteque el futuro de las siguientes generaciones.
“Yo haría un llamado fraternal, cariñoso, a mis amigos legisladores locales de Tlaxcala, para que no rompan ese candado jurídico que impide que los municipios se endeuden. Yo diría que con qué cara van a presentarse con los electores, con los ciudadanos, si sus primeras acciones legislativas son para endeudar el estado”, señaló.
Es más, el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció la trascendencia de la medida tomada por Álvarez Lima, para establecer candados al endeudamiento. Estas fueron las elogiosas palabras del tabasqueño: “Cuando era gobernador Antonio Álvarez de Lima, se hizo una reforma para que los gobernadores no solicitaran créditos y no pudieran endeudar al estado. Es el único estado del país en donde hay cero deuda”.
Pero parece que los diputados locales de la Cuarta Transformación tienen muy poco criterio para entender cuestiones como esta.
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