La corrupción no puede justificarse por razones políticas ni utilizarse como instrumento para desacreditar instituciones. Frente a cualquier indicio de irregularidad en el Instituto Nacional Electoral (INE), la mejor posición que puede haber es investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes hayan violado la ley. Sin excepciones.
Esa es la postura que ha sostenido la presidenta Claudia Sheinbaum. Su gobierno no encubre ni tolera la corrupción. Por eso ha solicitado que las investigaciones sobre los contratos y las redes de proveedores que han operado durante al menos 27 años en los órganos electorales lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Es importante entender que las prácticas bajo investigación no surgieron con la actual administración del INE. Los antecedentes de los contratos con determinados proveedores se remontan a gobiernos anteriores y a una estructura de adquisiciones que ha operado durante, al menos, 27 años. No estamos frente a un problema que pueda atribuirse automáticamente a una sola persona o a un periodo de gestión.
La diferencia es que hoy existe una instrucción política distinta, que es la de investigar sin proteger intereses y sin importar quién resulte involucrado. Con la Cuarta Transformación no hay permiso ni tolerancia para encubrir actos de corrupción, pero tampoco hay condenas anticipadas. Corresponde a las autoridades investigar y establecer responsabilidades con pruebas.
En este contexto, preocupa que diversos partidos de oposición pretendan aprovechar las investigaciones para desacreditar a Morena y al movimiento de transformación. Una irregularidad atribuible a determinados funcionarios o proveedores no puede convertirse, sin sustento, en una acusación contra todo un movimiento político.
No debemos olvidar que Morena nació de una larga lucha por la democracia y contra el fraude electoral. Nuestra historia está vinculada a la exigencia de elecciones libres, al respeto del voto y a la defensa de la voluntad popular. Las cuestionadas elecciones presidenciales de 2006 y 2012 marcaron profundamente esa lucha. Por eso, defender la democracia no es una consigna para nosotros, sino que es parte de nuestro origen y de nuestra razón de ser.
Tampoco debemos confundir a las personas con las instituciones. El INE no es una persona ni su funcionamiento depende exclusivamente de quien ocupa la presidencia de su Consejo General. Su fortaleza está en una estructura integrada por miles de ciudadanos, funcionarios electorales y personal especializado que ha construido, durante décadas, experiencia y capacidades para organizar los procesos democráticos. Esa estructura merece respeto.
Por eso es necesario advertir sobre el intento de instalar, a partir de un caso de presunta corrupción, la idea de que los resultados electorales están comprometidos o que las elecciones de 2027 carecerán de certeza. Esa conclusión no tiene sustento.
La democracia mexicana no pertenece a ningún partido ni a ningún funcionario. Es una conquista ciudadana y se sostiene en la participación de millones de personas que hacen posible cada jornada electoral. Su defensa exige instituciones profesionales, transparencia y, sobre todo, respeto a la voluntad popular.
Vale la pena subrayar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una discusión que durante mucho tiempo fue postergada, y es la de revisar los mecanismos de contratación, transparentar las adquisiciones, ampliar la participación de proveedores y garantizar que el dinero público se utilice correctamente. Fortalecer a Talleres Gráficos de México y establecer mecanismos de supervisión también forman parte de una ruta para mejorar los procesos electorales.
La oposición tiene derecho a cuestionar, señalar y exigir explicaciones. Eso forma parte de la vida democrática. Lo que no puede hacer es convertir una investigación en una sentencia política ni utilizarla para sembrar dudas anticipadas sobre la legitimidad de las próximas elecciones.
La democracia se defiende con instituciones sólidas, con autoridades que rindan cuentas y con ciudadanos que tengan la certeza de que su voto será respetado. Combatir la corrupción como lo hace hoy Morena, no debilita esa democracia, sino que la fortalece. Esa es una convicción que forma parte de nuestra historia y que debemos mantener sin titubeos.
